Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto al descubierto una gestión financiera deficiente en el corazón de la educación inicial chilena. La auditoría, realizada a la Subsecretaría de Educación Parvularia (SDEP) y a la Fundación Integra, reveló que fallas administrativas y falta de control han provocado un perjuicio fiscal masivo. Entre los hallazgos más graves se encuentran deudas incobrables por licencias médicas, el pago de intereses millonarios por préstamos bancarios innecesarios y aprobaciones de gastos sin revisión real, lo que ha llevado al ente fiscalizador a derivar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

LOS CUATRO PILARES DEL DESCALABRO

La investigación, originada por una denuncia del Sindicato Nacional de Oficinas de Integra (SINOF), detalla una secuencia de anomalías que afectan la estabilidad de más de 1.200 jardines infantiles y salas cuna:

1. La “Bicicleta” Bancaria: $110.000 millones en préstamos

Debido a retrasos de hasta 104 días en la tramitación de convenios por parte de la Subsecretaría, la Fundación Integra se vio obligada a pedir créditos bancarios para seguir operando. Lo que debía ser una medida excepcional se volvió “sistemática”.

  • Costo del interés: El Estado pagó $2.785 millones solo en intereses y gastos financieros.
  • Aumento explosivo: El gasto en intereses financieros creció un 628% respecto al año 2021.
2. El descontrol de las Licencias Médicas

Se detectó que 2.031 extrabajadores dejaron la institución adeudando más de $3.073 millones por anticipos de licencias médicas que luego fueron rechazadas por las instituciones de salud (Isapre/Fonasa).

  • Directivos involucrados: 35 funcionarios en cargos de confianza recibieron pagos por licencias rechazadas que aún no devuelven.
  • Viajes irregulares: 37 personas se encontraban fuera del país mientras supuestamente debían guardar reposo.
3. Auditorías “al ojo” por $84.500 millones

La Subsecretaría aprobó rendiciones de cuentas de Integra basándose en “muestras” aleatorias, ignorando la ley que exige revisar el 100% de los documentos de respaldo para fondos públicos. Esto impide garantizar que el dinero llegó efectivamente a los niños.

4. Ineficiencia en la cobranza

Contraloría desestimó la justificación de Integra sobre la imposibilidad legal de cobrar a exfuncionarios. El órgano fiscalizador determinó que la fundación no ejerció acciones legales oportunas, permitiendo que miles de millones se volvieran prácticamente incobrables.

Ante la gravedad de los hechos, el organismo dirigido por Dorothy Pérez ha tomado las siguientes acciones:

  • Sumarios Administrativos: Para establecer responsabilidades de los funcionarios que permitieron el atraso de los convenios y la falta de cobro.
  • Acción del CDE: Remisión de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para iniciar juicios de cuentas y recuperar los dineros defraudados o mal gestionados.
  • Exigencia de los trabajadores: El sindicato SINOF ha solicitado congelar los descuentos actuales hasta que se aclare la validez de los registros, acusando que la responsabilidad de la mala gestión es exclusiva de la dirección de la Fundación.

Desde la Subsecretaría de Educación Parvularia defendieron la toma de créditos como una medida para “asegurar la operatividad” de los recintos, aunque aseguraron estar trabajando en una nueva política de deudores para regularizar la situación. (NP-Gemini-Bio Bio)