En el primer encuentro oficial entre la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el Consejo de Rectores (Cruch), el Gobierno ratificó que el financiamiento de la educación superior no será una prioridad presupuestaria en el corto plazo. Acompañada por la subsecretaria Fernanda Valdés, la secretaria de Estado transparentó que el foco de la inversión pública se desplazará hacia la educación inicial y parvularia, argumentando que los recursos para el nivel universitario ya se han triplicado en años recientes, mientras que la primera infancia ha quedado postergada.
Esta definición estratégica se da en un contexto de estrechez fiscal que obliga a cada ministerio a realizar un recorte del 3% en sus partidas. Los rectores manifestaron su preocupación ante la rigidez del presupuesto educativo, donde aproximadamente el 82% de los fondos ya están comprometidos en ítems como la gratuidad y el CAE. Según advirtió el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, esto implica que el ajuste real sobre el margen flexible del 18% podría traducirse en reducciones de hasta un 15% en fondos basales y programas de desarrollo institucional que son vitales para el funcionamiento cotidiano de los planteles.
Además del factor económico, el Cruch planteó la necesidad de reducir la burocracia y otorgar mayor agilidad normativa para que las universidades actúen como motores de desarrollo nacional. Rectores de diversas instituciones estatales alertaron que un recorte en los aportes basales no solo afectaría la gestión académica, sino que profundizaría las asimetrías con planteles no regulados y consolidaría una senda de menor expansión para el sistema en los próximos ciclos presupuestarios. Pese a las diferencias de énfasis, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para definir los detalles de las reasignaciones que se ejecutarán este año. (NP-Gemini-La Tercera)
