Como es obvio, saber con exactitud cuántos extranjeros residen en Chile de manera irregular es muy difícil. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones estimaron que dicha cifra era de 336.984 en 2023.

Según información proporcionada por el mismo Servicio en marzo de 2026, el total de ingresos por pasos no habilitados habría llegado a un total de 55.544 personas en 2024 y 2025. No teniendo información sobre salidas irregulares voluntarias, es probable que en 2026 aproximadamente 390 mil personas estén en situación migratoria irregular.

Por qué importa. El Presidente José Antonio Kast informó el 6 de abril pasado que su administración irá “avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas”, reiterando su promesa de campaña de no regularizar a las personas en dicha situación e invitándolos a abandonar el país.

El costo de abandonar Chile para inmigrantes y sus familias no provenientes de países fronterizos es altísimo considerando lo que significa recorrer por tierra otros países hasta su destino. Si fuesen conminados a hacerlo a través de la prohibición de acceso a servicios estatales como la salud, difícil de implementar por lo demás, quienes lo harían no serían los miembros de bandas criminales ya establecidas en el país, sino que familias.

Desde el punto de vista práctico la expulsión masiva de 390 mil personas será una tarea compleja. El mayor número de expulsiones anuales materializadas se registró en 2019 con 2.032. En 2025 fueron 1.153. En 2025 se dictaron 37.564 resoluciones administrativas de expulsión, notificándose apenas al 25% de los afectados. Esto da cuenta de las dificultades que envolvería un proceso masivo.

Si el gobierno actual lograra materializar 2.000 expulsiones anuales, el proceso se completaría en 195 años. En cuatro años se requeriría de 97.500 expulsiones anuales. Ningún país vecino aceptará tal cantidad de migrantes en tránsito por su territorio por lo que deberá hacerse por vía aérea. En abril, la administración actual concretó la expulsión de 40 extranjeros por esta vía. Hágase una simple división para saber cuántos vuelos se requieren para completar el proceso.

En el caso de EE.UU., la población de inmigrantes no autorizados se estimó en 13.738.000 personas en 2023. Durante el primer año de la administración Trump, las deportaciones llegaron a 622.000, muy por debajo de la meta anunciada de un millón por año. Esto quiere decir que en 2025 se deportó al 4,5% de los inmigrantes no autorizados. La cifra equivalente en Chile sería 17.550 expulsiones o 22 años para expulsar a todos los residentes irregulares.

Una solución alternativa. Debiéramos pensar en una solución alternativa, más humana y pragmática. Esta consistiría en regularizar a los inmigrantes irregulares y otorgarles una “residencia temporal condicional”, sin acceso a beneficios como a la nacionalización y la reunificación familiar. Solo podrían acceder a este permiso aquellos que no hayan cometido delitos en Chile ni en otros países. También podría rechazarse a aquellos que la autoridad migratoria considere que pueden constituir una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud públicas.

En la actualidad, aquellos extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado pueden solicitar la residencia temporal. Este permiso de residencia es por un máximo de dos años, prorrogable por otros dos años. En cambio, aquellos cuya solicitud de regularización se autorice obtendrían una “residencia temporal condicional” que podrían renovar cada dos años, sin derecho a la reunificación familiar ni a postular a residencia definitiva hasta al menos haber obtenido al menos dos renovaciones, y en ningún caso a la nacionalidad a pesar de estar seis años como residente temporal.

Adicionalmente podrían condicionarse o limitarse las salidas de Chile bajo esta modalidad para demostrar un real interés de establecerse en el país. En caso de incumplimiento, no se les permitiría el reingreso a Chile.

Actualmente, la residencia definitiva solo puede ser otorgada a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal por un plazo mínimo de dos o cuatro años dependiendo de las circunstancias. Los extranjeros residentes definitivos con cinco años de residencia continua en el territorio nacional pueden solicitar la nacionalidad.

Los extranjeros residentes temporales condicionales solo podrían postular a la residencia definitiva después de al menos seis años en esa condición y podría establecerse para ellos una reunificación familiar limitada. Una vez transcurridos un mínimo de cinco años con residencia definitiva podrían postular a la nacionalidad (11 años después de su regularización).

Qué deberá hacerse. Una nueva categoría de permisos de residencia temporal condicional requerirá de una modificación a la ley de Migración y Extranjería. Sin duda se necesitará buscar un consenso político amplio para su aprobación empezando por una voluntad del ejecutivo de hacerlo. El proceso legislativo tomará tiempo, pero creemos que será más rápido y menos costoso que expulsar a más de 300 mil personas.

Este camino permitiría a Chile incorporar legalmente a estos inmigrantes al mercado de trabajo, incluso se les podría exigir obtener un empleo formal de manera que paguen impuestos y coticen a la seguridad social y la salud. No habría que financiar su expulsión con todos los costos humanos y financieros que esta tendrá.

La propuesta naturalmente requiere del cumplimiento de, al menos, dos condiciones previas. La primera es que haya un impedimento efectivo de nuevos ingresos por pasos no habilitados. De otra manera esta solución constituirá un incentivo para migrar de manera irregular hacia Chile. La segunda es que previamente deben restablecerse las relaciones consulares con Venezuela de manera que los venezolanos hoy en Chile puedan obtener o renovar sus pasaportes y tener un certificado de antecedentes. (Ex Ante)

Raúl Sáez