La publicación del Censo 2024 ha reabierto una pregunta incómoda: ¿sabemos realmente cuántos migrantes hay en Chile, en qué condiciones están y cómo entraron? La respuesta es no. Y eso, en cualquier país que se tome en serio la seguridad y la planificación, debería ser motivo de alarma.
Según el Censo 2024, 1,6 millones de personas nacidas fuera de Chile fueron censadas en el país. En cambio, la estimación publicada por el Servicio Nacional de Migraciones y el INE en diciembre de 2023 reportó 1,92 millones personas extranjeras residentes, con 337 mil irregulares. Esta diferencia de más de 300 mil personas evidencia una brecha metodológica preocupante.
El Censo es una herramienta valiosa, profesionalmente ejecutada. Aunque no distingue condición migratoria, entrega una base útil para validar estimaciones. Lo preocupante es que Migraciones, a fines de 2023, estimaba 337 mil personas en situación irregular, casi el triple que dos años antes. La disparidad y falta de detalle del estado migratorio revela un sistema sin trazabilidad real.
Entre 2018 y 2021 hubo 88 mil ingresos clandestinos. Entre 2022 y 2024, más de 130 mil. Las expulsiones rara vez superan las mil al año, y nadie ha sido trasladado desde las cárceles a su país de origen, pese a convenios internacionales. Peor aún, el nuevo acuerdo con Bolivia, aplaudido por el Gobierno, fija un tope de solo 10 reconducciones diarias según las autoridades de la zona. Celebrar eso como éxito, es preocupante.
La diferencia entre el Censo y las estimaciones oficiales no es solo un problema técnico; es la manifestación de que Chile ha perdido el control de sus fronteras. No sabemos quién entra, ni cuándo sale, ni en qué condición permanece. Sin trazabilidad, toda política pública es improvisación. Y mientras tanto, se normaliza el ingreso clandestino. En lugar de corregir el rumbo, desde Interior se ha impulsado regularizaciones “acotadas” que terminan premiando la ilegalidad y castigando al migrante que hace las cosas bien. Son conocidos los casos donde los migrantes que ingresan ilegalmente tienen prioridad en el acceso a jardines JUNJI sobre madres adolescentes chilenas, o que se premia el trabajar sin autorización al ofrecer una visa, como establece la política migratoria publicada a fines de 2023.
La solución no es negar la migración ni caer en extremos. Es recuperar el Estado de Derecho, dejar de maquillar cifras, celebrar descontroles porque podría ser peor y asumir que Chile no puede integrar a todo quien quiera venir, sin reglas ni control. Migrar con normas claras es posible. Pero para eso, lo primero es dejar de celebrar la desidia como si fuera gestión. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
