El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, defendió las decisiones adoptadas durante la denominada crisis de los menores haitianos y sostuvo que las actuaciones administrativas cuestionadas respondieron al cumplimiento de la legislación vigente y a una situación humanitaria excepcional. En una entrevista concedida tras su salida del cargo, afirmó que la polémica derivó de una interpretación errónea de los hechos y cuestionó las consecuencias políticas y personales que enfrentó a raíz del caso.

Thayer explicó que el memorándum firmado en 2024, que flexibilizó la presentación de documentos para el ingreso de menores haitianos acompañados, tuvo como objetivo facilitar procesos de reunificación familiar ante el agravamiento de la crisis en Haití. Según señaló, la medida fue adoptada luego de una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores y se limitó a adecuar requisitos administrativos, sin modificar la legislación migratoria vigente.

El exdirector rechazó que la decisión haya permitido el ingreso irregular de menores y sostuvo que el documento no eliminó los controles fronterizos, sino que buscó resolver dificultades prácticas derivadas de la obtención de antecedentes desde un país afectado por una profunda crisis institucional. Agregó que la normativa estuvo vigente por un período acotado y que permitió el ingreso de más de tres mil menores junto a sus familias bajo procedimientos regulados.

Respecto del informe emitido por la Contraloría General de la República, que dio origen a un procedimiento disciplinario en su contra, Thayer manifestó que mantiene diferencias jurídicas con algunas de sus conclusiones, aunque valoró el rol institucional del organismo fiscalizador y anunció que recurrirá a los tribunales para impugnar las observaciones que considera improcedentes.

El académico también confirmó que presentará una demanda por despido injustificado contra la Universidad Católica Silva Henríquez, institución donde ejercía labores docentes y desde la cual fue desvinculado tras hacerse pública la controversia. A su juicio, la decisión afectó su prestigio profesional y constituye una vulneración a la libertad de expresión al fundamentarse en opiniones emitidas sobre un tema de interés público.

Durante la entrevista, Thayer realizó además una autocrítica respecto de la gestión migratoria del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Reconoció que durante los primeros años de la administración existieron diferencias internas sobre la conducción de la política migratoria y sostuvo que el Ejecutivo demoró en incorporar con mayor fuerza las dimensiones de seguridad y control fronterizo dentro de su estrategia.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno enfrentó visiones contrapuestas entre quienes privilegiaban una política centrada en los derechos de los migrantes y quienes advertían la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para administrar los flujos migratorios. A su juicio, esa tensión dificultó la implementación de una política más equilibrada durante la primera etapa de la administración.

Pese a ello, sostuvo que migración y seguridad no deben entenderse como conceptos incompatibles y planteó que el desafío consiste en compatibilizar el respeto por los derechos de las personas con mecanismos eficaces de control fronterizo y regulación migratoria. Asimismo, defendió que migrar constituye un derecho vinculado a la posibilidad de salir del país de origen, aunque precisó que ello no implica un derecho automático a ingresar al territorio de otro Estado.

Las declaraciones del exdirector se producen mientras continúa el debate sobre la gestión migratoria de los últimos años y el alcance de las responsabilidades administrativas derivadas del caso de los menores haitianos, una controversia que reabrió la discusión sobre los criterios utilizados por el Estado para compatibilizar las exigencias de control migratorio con las obligaciones humanitarias. (NP-ChatGPT-Sábado El Mercurio)