A solo días del cambio de mando, el balance del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) revela un escenario complejo para la administración entrante. Según cifras oficiales, actualmente existen 75.352 órdenes de expulsión administrativa pendientes de ejecución, algunas de las cuales datan del año 2016. El diputado Frank Sauerbaum (RN), quien asumirá la dirección del servicio bajo el gobierno de José Antonio Kast, ha criticado duramente la gestión saliente, acusándola de no cumplir con la ley y de realizar solo una fracción de las deportaciones necesarias.
Por su parte, el director actual del Sernamig, Luis Thayer, defendió su labor destacando que 2025 fue el año con mayor número de expulsiones administrativas de los últimos ocho años. Sin embargo, los datos globales muestran que, durante el periodo de Gabriel Boric, las deportaciones totales disminuyeron un 32% en comparación con la segunda administración de Sebastián Piñera. Esta baja se explica, en parte, por la caída en las expulsiones judiciales, influenciada por cambios legales que impiden expulsar a condenados por tráfico de drogas con penas bajas.
FACTORES CRÍTICOS: VENEZUELA Y PRESUPUESTO
La imposibilidad de materializar el grueso de las expulsiones responde a dos nudos críticos: la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela —nacionalidad que representa el 50% de las órdenes dictadas en la última década— y las limitaciones presupuestarias. En 2025, el costo promedio de deportar a una persona ascendió a casi 3 millones de pesos, lo que restringe el alcance operativo del servicio. Además, la PDI enfrenta brechas de dotación y plazos legales de retención (5 días) que dificultan la logística de los vuelos.
A pesar del alto número de órdenes pendientes, Thayer subrayó que su administración modernizó la institucionalidad mediante la digitalización y nuevos mecanismos de notificación. Entre 2024 y 2025, la emisión de órdenes aumentó exponencialmente gracias a estos cambios. El desafío para el equipo de Kast será ahora retomar los vínculos consulares con Caracas, aumentar los recursos policiales y lograr acuerdos en el Congreso para modificar las leyes que hoy frenan la salida de extranjeros con antecedentes penales. (NP-Gemini-La Tercera)