El 2019, se creó la Misión ONU de determinación de los hechos de Venezuela, la misma que en los últimos días ha alertado sobre violaciones de derechos humanos luego que el domingo pasado, Nicolás Maduro fuera proclamado como «triunfador» por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país.
En septiembre, dicha misión presentará su cuarto informe desde su creación, donde precisamente abarcarán el proceso pre y post electoral en ese país, copia que se le entregará al CNE.
El abogado e integrante de dicha instancia, Francisco Cox, dijo esta mañana a Tele13 Radio que no tienen permitido entrar a Venezuela, por lo que trabajan con un equipo de 16 personas basados en Panamá «y se investiga a través de fuentes abiertas, pero también hemos tenido la suerte de tener insiders, gente que es o fue recientemente miembro de los aparatos de seguridad, de las fuerzas armadas, o que está dentro del aparato del gobierno, que nos ha proveído información a través de mecanismos telemáticos y mucha gente que sale y también nos da información».
Consultado por si a la luz de los tres informes elaborados hasta ahora, se puede señalar que se violan los derechos humanos en Venezuela, Cox recordó que «en el primer informe dijimos que había crímenes de lesa humanidad y que había responsabilidad de Nicolás Maduro, de Padrino López, que es el ministro de Defensa, y también de los distintos jefes de los distintos aparatos de inteligencia».
«Nuestro estándar de prueba, obviamente, es mucho más bajo que el de un juicio penal. No es más ‘allá de toda duda razonable’, si no que es un estándar probatorio que va a ser razonable para creer. Que es el mismo estándar que emplea la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para iniciar una investigación o iniciar un caso, que es justamente lo que ocurrió después de nuestro informe», sostuvo.
Luego de que se publicara el informe, la Ficalía de la Corte Penal Internacional solicitó autorización a la sala de Asuntos Preliminares para iniciar una investigación, pero Venezuela pidió la inadmisibilidad de ésta y apelaron, aunque aquello fue rechazo.
El argumento de Venezuela era que ellos tenían sus propios funcionarios que estaban investigando, pero se halló que no se estaban considerando violaciones a los derechos humanos.
SEGUNDO INFORME
En el segundo informe, detalló Cox, se analizó cómo se comportaba el sistema de justicia con relación a cuatro principales violaciones de derechos humanos, y «llegamos a la conclusión de que efectivamente las investigaciones no eran serias, que Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal Supremo, recibía indicaciones desde el Poder Ejecutivo de cómo fallar los casos y que Michael Moreno instruía a las distintas salas penales cómo fallar».
«Particularmente preocupante es la jurisdicción de terrorismo, porque la gran mayoría de los casos se llevan a esta jurisdicción», situación que, añadió Cox, es parte de lo que está ocurriendo con los detenidos post elecciones, y «es una ley absolutamente sin ninguna tipificidad clara, por lo tanto, con mucha discrecionalidad».
También se halló que «hay una política de Estado por aplastar a opositores o personas percibidas como tales por el Gobierno, y hoy estamos viendo un poco un revival de eso. Estamos viendo que esa política de Estado se está reactivando, en realidad, nunca se dejó de aplicar».
ULTIMO INFORME PRE Y POST ELECCIONES
Respecto al último informe, que recoge el escenario pre y post electoral, Cox precisó que se logró hacer una doble lectura respecto a la situación en Venezuela.
«Dijimos, hay una reducción del espacio cívico, que se ha manifestado a través de la persecución de, por ejemplo, medios de comunicación, donde llega el equivalente al SII o el órgano de telecomunicaciones incauta los implementos para trabajar, le hace auditorías arbitrarias, e incluso cierran muchos medios de comunicación. En el período preelectoral, se cerraron alrededor de 300 medios de comunicación»
En tanto, «a la gente que recibía al grupo de María Corina Machado -una de las líderes de la oposición-, le cerraban los hoteles, le cerraban los restaurantes, le hacían auditoría».
Asimismo, respecto a la inhabilitación que se forzó a Machado, el abogado comentó que el análisis arrojó que «hay una especie de doble vía de la maquinaria de represión del Estado. Una que es la más brutal, y otra que, siendo supuestamente más blanda, pero no por eso menos violatoria de derechos, que eran estos otros mecanismos de restricción del espacio cívico».
«Y por lo tanto, nosotros habíamos dicho, ‘todavía está esta selectividad a ciertos dirigentes’, y ahora lo que estamos viendo es una nueva detención masiva», añadió. Esto, junto con remarcar que «hay una política de Estado de aplastar a la oposición, y esto ha continuado con distintas intensidades y distintos mecanismos«. (Emol EFE t13)
