Lo que comenzó como una celebración deportiva culminó en tragedia. No fue un accidente inesperado, sino el desenlace previsible de años de negligencia sistemática. La crónica de una muerte anunciada que todos vieron venir.
Los recientes incidentes en el Estadio Monumental durante el partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza han vuelto a poner al fútbol chileno bajo escrutinio nacional y mundial. Lo ocurrido aquel jueves no fue casualidad, sino consecuencia directa de una gestión paralizada por el miedo.
La responsabilidad de esta catástrofe se distribuye entre tres actores principales: un gobierno que designa funcionarios inadecuados, una ANFP que elude su papel regulador, y clubes que cultivan relaciones peligrosas con grupos violentos.
El gobierno ha fallado al posicionar en organismos clave a personas sin la capacitación necesaria. Particularmente alarmante resulta el caso de Estadio Seguro, dirigido por una periodista vinculada a barras de Universidad Católica—alguien puesta para negociar con infractores en lugar de hacer cumplir las normativas existentes.
La ANFP merece igual reproche por su pasividad y falta de liderazgo. En vez de imponer protocolos de seguridad obligatorios, ha ejercido presión para eximir a los clubes de responsabilidades dentro y fuera de los recintos deportivos, contraviniendo principios básicos de gestión de espectáculos.
Los clubes, por su parte, mantienen vínculos inaceptables con las barras bravas. Esta simbiosis perversa incluye entradas gratuitas, financiamiento de traslados, acceso privilegiado a jugadores y tolerancia de actividades ilícitas como el uso de pirotecnia. Esta relación no solo compromete la seguridad pública sino que constituye un entramado delictivo que amerita investigación judicial.
Ha llegado el momento de implementar medidas impopulares pero necesarias. El Ejecutivo debe otorgar urgencia a proyectos legislativos pendientes como la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y el Registro Nacional de Hinchas. El presidente Boric tiene la obligación de priorizar estas iniciativas, y el Congreso, el deber de tramitarlas con celeridad.
Simultáneamente, tanto la ANFP como los clubes deben modernizar la experiencia futbolística. La tecnología actual ofrece soluciones efectivas: sistemas biométricos, reconocimiento facial e inteligencia artificial pueden prevenir el ingreso de individuos con antecedentes violentos. Los modelos existen y han sido probados internacionalmente; solo falta voluntad para implementarlos.
El paso definitivo requiere desarticular el poder que ejercen las barras bravas sobre el acceso a los estadios. Esto se logra implementando un sistema obligatorio de abonados que identifique claramente a cada asistente, distinguiendo al aficionado legítimo del delincuente. Este enfoque ha demostrado su eficacia globalmente y Chile no puede seguir postergando su adopción.
No podemos permitir que el miedo a tomar decisiones difíciles siga cobrando vidas en nuestros estadios y aleje a la familia de ellos. El fútbol chileno merece ser nuevamente un espacio de pasión y sana convivencia, no un campo de batalla donde la inacción de las autoridades se paga con tragedias evitables. (El Líbero)
Sebastián Torrealba
