La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite un requerimiento presentado por los pobladores del megacampamento del Cerro Centinela en San Antonio, lo que implicó la suspensión del desalojo del terreno una vez más. La solicitud fue ingresada el lunes 27 de octubre y recibió respuesta el viernes siguiente, generando una nueva prórroga en el proceso judicial.
Según informó El Líder de San Antonio, la mesa investigadora compuesta por 23 representantes del campamento aseguró que fueron “invitados” a ocupar el terreno por uno de sus antiguos propietarios, Luis Medel. Este antecedente fue clave en la presentación ante la Corte, que derivó la causa a la sala tramitadora para su análisis.
Cabe recordar que en febrero de este año, el tribunal otorgó una prórroga de seis meses tras el acuerdo para conformar una mesa técnica integrada por el Ministerio de Vivienda, la Subsecretaría del Interior, la Municipalidad de San Antonio y los actuales dueños del terreno, con el objetivo de buscar una solución habitacional. Sin embargo, esta instancia fracasó el 3 de septiembre, lo que llevó a la inmobiliaria y constructora San Antonio a solicitar el desalojo y exigir una fecha específica para su ejecución.
La justicia respondió acogiendo la solicitud de desalojo, pero condicionándola a la disponibilidad de albergues para las 4.136 familias que actualmente viven en el campamento. Esta exigencia ha sido uno de los principales obstáculos para concretar el procedimiento.
Verónica Morales, presidenta de la Coordinadora Quinta Costa de San Antonio y residente del Cerro Centinela, valoró la decisión judicial como “un respiro”, destacando que podrán pasar Navidad y Año Nuevo en el campamento. Morales explicó que se presentó una denuncia en fiscalía contra quienes resulten responsables, y que con ese documento se acudió a la Corte de Apelaciones, la cual reconoció la abundante información entregada por los pobladores.
La mesa investigadora apuesta ahora por una vía judicial para resolver la situación de más de 10 mil personas que habitan las 250 hectáreas del terreno en disputa. Morales lamentó que, pese a haber cumplido con todas las exigencias del Gobierno —como formar cooperativas y federaciones—, el proceso haya terminado en una orden de desalojo sin una solución concreta.
La dirigente acusó al Gobierno de dilatar el proceso sin ofrecer alternativas habitacionales permanentes. “Nos han tomado el pelo como han querido”, afirmó, criticando la falta de documentos firmados y compromisos reales por parte de las autoridades.
Por su parte, Diego Pereira, representante legal de los propietarios del terreno, expresó su molestia por la constante postergación del desalojo. En conversación con Radio Cooperativa, calificó como “ilegales” los intentos de conciliación promovidos por los ocupantes.
Mientras tanto, el municipio de San Antonio y los ministerios de Vivienda, Interior, Desarrollo Social y Bienes Nacionales continúan trabajando en un plan de traslado para las familias que permanecen en el terreno, aunque sin avances concretos hasta ahora. (NP-Copilot-Emol)
