La Contraloría General de la República emitió cinco duros informes de auditoría que cuestionan la gestión de recursos públicos tras el megaincendio de Valparaíso, apuntando principalmente a la Delegación Presidencial Regional. La entidad, entonces dirigida por la hoy diputada electa Sofía González (PC), habría visado contratos con supuestos sobreprecios superiores a los $3.700 millones. El foco de la irregularidad recae en la empresa San Nicolás SpA, la cual recibió más de $6.700 millones mediante tratos directos para labores de despeje y demolición, pese a dudas sobre su idoneidad técnica y financiera.
La investigación revela una compleja red detrás de San Nicolás SpA. Aunque formalmente pertenece a dos jóvenes de 20 y 25 años —quienes firmaron contratos millonarios con la delegada—, el control real lo ejercería Pedro Briones González, quien figura como gerente general y tiene antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar. La empresa ha sido denunciada por camioneros subcontratados que acusan el no pago de sus servicios, describiendo a la firma como una entidad sin domicilio real ni patrimonio, lo que podría constituir un fraude al fisco según los antecedentes remitidos al Ministerio Público.
Además de los sobreprecios, Contraloría detectó vínculos societarios cruzados entre los directivos de San Nicolás SpA y las empresas subcontratadas, como Comercializadora Renova SpA. A pesar de que la Delegación Presidencial negó nexos entre ambas firmas, registros públicos confirman que sus socios han compartido múltiples sociedades desde 2017. Este escenario de falta de control y omisión de fiscalización por parte de las autoridades regionales ha llevado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a evaluar acciones legales para recuperar los fondos públicos eventualmente malversados durante la emergencia. (NP-Gemini-Felipe Arancibia-Interferencia)