El Ministerio del Medio Ambiente inició un procedimiento para evaluar la eventual invalidación de la consulta indígena realizada durante la administración de Gabriel Boric para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), luego de detectar deficiencias en la documentación del proceso, entre ellas la pérdida de un registro original de firmas.
La ministra Francisca Toledo se encuentra trabajando en la implementación definitiva del nuevo servicio, que comenzó a operar en febrero después de una tramitación legislativa que se extendió por cerca de una década. En ese proceso, la actual administración detectó problemas en los antecedentes de la consulta indígena desarrollada durante el gobierno anterior.
Según un documento del Ejecutivo, tras comprobar que el expediente no contenía todos los antecedentes necesarios para acreditar adecuadamente el desarrollo y término de la consulta, se resolvió iniciar un procedimiento de invalidación. Desde el ministerio precisaron, sin embargo, que todavía no existe una decisión definitiva sobre la materia.
Uno de los principales problemas detectados corresponde al extravío del listado original de firmas de representantes indígenas que participaron en el diálogo nacional realizado en Renca entre el 18 y el 20 de diciembre de 2025, durante la gestión de la entonces ministra Maisa Rojas.
Esas firmas formaban parte de las actas que registraban los acuerdos y desacuerdos alcanzados entre las comunidades indígenas y el Estado. El encuentro era una instancia relevante debido a que correspondía al cierre de la consulta iniciada en noviembre de 2024.
Pese a las inconsistencias detectadas posteriormente, el proceso fue cerrado el 10 de marzo de 2026, un día antes del cambio de gobierno. De acuerdo con los antecedentes del actual Ejecutivo, esa decisión no habría sido notificada por la administración anterior.
El documento sostiene que existieron deficiencias en el resguardo y la trazabilidad de la documentación oficial y atribuye a la administración de Rojas la pérdida del registro original de firmas. Según el texto, la situación dejó sin respaldo de validación uno de los antecedentes considerados esenciales para acreditar el proceso.
La consulta indígena tuvo un costo de $1.200 millones, de los cuales más de $230 millones correspondieron al diálogo nacional efectuado al término de la etapa participativa.
A ello se suman obligaciones financieras pendientes. Durante 2026, el Ministerio del Medio Ambiente debió pagar más de $300 millones en facturas correspondientes a 2025 que quedaron como deuda de la administración anterior.
Antes del cambio de gobierno se intentó resolver el problema de las firmas. En enero de 2026, la cartera inició un procedimiento de reconstitución del registro y solicitó a las seremis de todo el país contactar a los representantes indígenas que habían participado en el diálogo nacional para que volvieran a firmar las actas.
El procedimiento no permitió recuperar la totalidad de las firmas. De acuerdo con los antecedentes del ministerio, 51 participantes no suscribieron físicamente el nuevo listado reconstituido.
La controversia tiene efectos sobre la implementación del SBAP, debido a que el diálogo nacional constituye un requisito para avanzar en tres reglamentos considerados fundamentales para el funcionamiento del organismo: el correspondiente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el de Concesiones y Permisos y el de Sitios Prioritarios.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente indicaron que comenzarán a recibir a representantes de comunidades indígenas en las distintas secretarías regionales ministeriales con el objetivo de reunir antecedentes antes de adoptar una resolución sobre la validez del procedimiento.
La cartera sostuvo además que los tres reglamentos debieron estar publicados en septiembre de 2025 y atribuyó sus retrasos a situaciones originadas durante la administración anterior.
El ministerio señaló que busca desarrollar el procedimiento pendiente con rapidez y transparencia, con el objetivo de avanzar hacia la implementación efectiva del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en marzo de 2027, organismo que la actual administración considera uno de sus pilares en materia ambiental. (NP-ChatGPT-Ex Ante)