La noticia publicada en su edición de ayer sobre la medalla de la Asamblea Nacional francesa entregada a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco condenado a 23 años de presidio por diversos delitos, no es un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un patrón de intervencionismo francés en asuntos internos chilenos que se remonta, al menos, a las visitas de la ex primera dama Danielle Mitterrand a nuestro país en 2000, 2007 y 2009.
Desde entonces, bajo el ropaje de la solidaridad con los pueblos originarios, distintos actores políticos franceses han incidido reiteradamente en el debate mapuche chileno, llevando el tema al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuestionando la aplicación de nuestra legislación antiterrorista y, ahora, condecorando institucionalmente a quien la Cámara de Diputados declaró líder de una organización calificada como “asociación ilícita de carácter terrorista” en 2022.
Que un diputado de la Asamblea Nacional entregue una distinción oficial a una persona condenada por delitos graves no es un gesto de “reconocimiento a un pueblo”, como se pretende presentar, sino una legitimación explícita de la violencia y un desconocimiento flagrante del Estado de Derecho chileno y de sus tribunales de justicia.
Resulta paradójico que Francia, país que aplica con rigor su propia legislación antiterrorista, promueva desde sus instituciones un relato que romantiza a quienes en Chile han sido condenados precisamente por delitos de esa naturaleza. Cabe preguntarse si nuestras autoridades harán llegar al gobierno francés la molestia que este tipo de gestos amerita, o si seguiremos tolerando en silencio que actores extranjeros interfieran en un asunto que compete exclusivamente a la soberanía y a la institucionalidad chilena. (El Mercurio-Cartas)
Manuel Blanco Claro
Abogado
