La existencia de “rasgos autoritarios de la cultura nacional” que reflejarían “la tensión que persiste entre la valoración de la democracia y algunos principios de derechos humanos” es una de las conclusiones que arroja la tercera versión de la encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que será dada a conocer oficialmente hoy.
Según los resultados del sondeo, un 91,5% de la ciudadanía declaró estar de acuerdo con que los derechos humanos son parte fundamental de sus vidas cotidianas, anotando un alza de 5 puntos porcentuales respecto de la última medición en 2013.
Asimismo, al ser consultados por la principales ideas que se le vienen a la mente cuando escuchan ese término, un 52,5% de ellos dijo asociarlo con “derechos fundamentales de las personas”, y en segundo lugar (26,8%), con “respeto, buen trato, igualdad y dignidad de las personas”.
Por otro lado, un 60,2% sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente a un 13,9% que afirma que en algunas circunstancias puede ser preferible un gobierno autoritario y 20,5% que sostiene que da lo mismo.
Sin embargo, la percepción positiva hacia los DDHH y la democracia que se manifestó en la encuesta entra en contradicción con algunas actitudes también evidenciadas en el estudio.
Por ejemplo, un 50,4% sostuvo estar de acuerdo con que “proteger los derechos humanos dificulta la lucha contra la delincuencia”.
En la misma línea, consultados respecto de las denominadas “detenciones ciudadanas”, en las que “las personas castigan a presuntos delincuentes (desnudando, golpeando o insultando)”, un 43,5% contestó estar de acuerdo. Una cifra considerada alta, aun así la mayoría sostuvo oponerse a estas situaciones (56,5%).
“Hay un divorcio entre la valoración de los DD.HH. y la democracia, y la percepción y experiencias en el campo de la discriminación”, comenta la directora del INDH Lorena Fries, quien advierte una “matriz autoritaria en Chile”.
La cientista político del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, María Cristina Escudero, coincide: “Es común que se esté de acuerdo con la defensa a los derechos humanos, pero no en algo tan cotidiano, como la lucha contra la delincuencia”.
Otra de las contradicciones evidenciadas en el estudio del INDH se da en la percepción ciudadana frente a las marchas y actos masivos. Según la encuesta un 68,6%, está de acuerdo en que éstas “forman parte de la vida en democracia”, pero al mismo tiempo un 57,3% dice que “atentan contra los derechos de las demás personas”.
“En un sector importante de la población existe una cultura autoritaria, eso se ha evidenciado en una serie de estudios y barómetros que se aplican en Chile, en comparación a otros países de la región”, dice el sociólogo de la U. de Chile, Octavio Avendaño.
Y pese a que en la encuesta también se evidencia una positiva percepción de la ciudadanía hacia los pueblos indígenas -un 84% dice que es muy importante que se les reconozca constitucionalmente y un 80% que existan cupos para sus representantes en el Congreso-, respuestas a otras preguntas advierten de ciertos rasgos de discriminación. En este sentido, un 46% declaró que “no se debería permitir el ingreso a cualquier inmigrante a nuestro país”.
Asimismo, un 37,3% declaró que “está bien preguntar el lugar dónde se vive, para saber a quién se contrata”. También considerada una cifra importante, pese a que un 51,6% rechazó esa práctica. En tanto, un 48,8% dice estar en desacuerdo con que se permita adoptar hijos a las parejas del mismo sexo.
Ante la consulta por los grupos a los que no se les respetarían sus derechos humanos, se mencionó a los pueblos indígenas (72,4%), personas pobres (60%), adultos mayores (53,6%) y homosexuales (49.5%), entre otros. Además se señaló que las principales motivos de discriminación se relacionan con la apariencia física (61,3%), la situación económica (57,1%), la forma de vestir (52,4%), la forma de hablar ( 39,5%), la edad (26,7%) y la orientación sexual (24,5%).
Los resultados de la III Encuesta Nacional de los Derechos Humanos realizada por el INDH, llamaron la atención de la directora del organismo, Lorena Fries. Esto, pues la abogada distingue lo que califica como un “divorcio” entre la alta valoración de la población frente a los derechos humanos (un 91 por ciento lo considera “fundamental en mi vida cotidiana”), frente a una baja tolerancia a la diferencia, ya sea frente a los migrantes o minorías sexuales.
Hay cifras que a Fries le inquietan. Una de ellas es que el 46% de los encuestados cree que “no se debería permitir el ingreso a cualquier migrante a nuestro país”. También, el 48,8% está en desacuerdo en que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Lo anterior, además, se suma a una carencia de cultura en derechos humanos, situación que se ve reflejada en otro fenómeno de reciente popularidad: el 43,5% está de acuerdo con las “detenciones ciudadanas”, “desnudando, golpeando o insultando” a los presuntos delincuentes.
En síntesis, la población valora los derechos humanos, pero tiene problemas con llevarlos a la práctica ¿Cómo lo explica?
Lo más interesante de la encuesta es que, en términos generales, hay un divorcio entre la valoración de los DD.HH. y la democracia, y la percepción y experiencias en el campo de la discriminación. Allí, el tema de los migrantes aparece donde culturalmente no ha habido cambios. Todas las aristas negativas de la encuesta tienen que ver con una falta de educación respecto a la tolerancia y a lo diferente.
En todo caso, da la impresión que la intolerancia frente a la inmigración, no es un problema reciente.
En los temas de no discriminación, en los últimos tiempos los avances se han dado porque los grupos afectados por la discriminación han ido avanzando. El tema de los derechos humanos exige una mirada integral y nosotros tenemos un Estado que es muy compartimentado en la elaboración de políticas públicas, está muy focalizado en superar la pobreza que, obviamente es un gran tema, pero donde todavía faltan medidas para promover la tolerancia y la no discriminación. Y eso lo estamos viendo sobre todo en lugares como el norte, con la migración de los países vecinos, o en el sur con las poblaciones indígenas, o incluso con la dificultad que los grupos de minorías sexuales tengan los mismos derechos que las personas que asumen una identidad heterosexual. El tema de la no discriminación el Estado tiene que generar una ciudadanía más amable. La ciudadanía chilena no es amable con los otros que son diferentes.
Otro dato que llama la atención es el considerable respaldo que tienen las denominadas “detenciones ciudadanas”.
Eso es muy grave, constatar que un alto porcentaje, casi la mitad de la población, está de acuerdo con las detenciones ciudadanas, es un llamado de alerta al Estado y al gobierno para la incorporación de planes de educación en derechos humanos, porque, finalmente, las detenciones ciudadanas son un atentado al Estado de derecho.
El estudio arroja que un 48% de los encuestados asegura que existen hechos de tortura. ¿Le inquieta este resultado, a 25 años de retorno a la democracia?
Al revés. Quedé bastante satisfecha, porque eso no quiere decir que la gente esté comparando la tortura de hoy con las del pasado, sino que todavía persisten hechos de tortura y que se da fundamentalmente en las cárceles y las comisarías.
Las fuerzas que por ley deben resguardar a la población.
Efectivamente, y ahí hay la necesidad, de nuevo, de una cultura de respeto a los derechos humanos, esta vez, fundamentalmente, entre los funcionarios públicos. El Estado de Chile dedica un 0,1 por ciento de su presupuesto a capacitaciones que tienen que ver con derechos humanos, es decir, tenemos un Estado que no tiene conocimientos en derechos humanos y eso, evidentemente, se traduce en prácticas más lesivas.
A un 20 por ciento le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. ¿Será que Chile tiene una cultura autoritaria?
Creo que sí. Lo que hemos ido constatando con el tiempo es que hay una matriz autoritaria en Chile y uno siempre ve una hegemonía respecto de temas de orden público, que pueden sacrificar derechos y libertades de las personas, y eso de nuevo es peligroso porque, finalmente, atenta contra la gobernabilidad de un sistema democrático. La idea es que los ciudadanos confíen en el Estado y, sobretodo, en los funcionarios del Estado.
¿Qué falta por hacer al Estado para una promover una cultura de la tolerancia frente a los migrantes, minorías sexuales?
Claramente la incorporación de los derechos humanos en el currículo escolar. Un segundo tema es contar con un Estado mucho más promotor de los derechos humanos, lo que obliga a hacer campañas. El gobierno chileno no realiza muchas campañas para cambiar la conducta de los ciudadanos y creo que está haciendo mucha falta. Esta encuesta arroja un alerta roja respecto de temas como la detención ciudadana, temas como la inmigración.
