La solicitud del Gobierno para aumentar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para 2026 comenzó a generar análisis sobre sus efectos en las finanzas públicas, los mercados y la clasificación crediticia del país. La iniciativa, anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, será ingresada al Congreso con suma urgencia y busca ampliar el margen de financiamiento contemplado en la actual Ley de Presupuestos.

Con la propuesta, el techo de deuda autorizado para el ejercicio fiscal se elevaría desde los actuales US$18.000 millones a US$24.200 millones. Según explicó Hacienda, la medida responde a una combinación de menores ingresos fiscales, mayores gastos proyectados, efectos del tipo de cambio y obligaciones pendientes con proveedores del Estado que no estaban plenamente reflejadas en las estimaciones presupuestarias.

El ministro Quiroz detalló que alrededor de US$4.700 millones corresponden a necesidades de financiamiento derivadas del deterioro de las proyecciones fiscales y del efecto cambiario sobre la deuda autorizada. A ello se suman US$1.500 millones destinados a cubrir compromisos de pago con proveedores, principalmente pequeñas y medianas empresas que mantienen cuentas pendientes con organismos públicos.

Uno de los principales efectos proyectados por analistas es el aumento de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Mientras las estimaciones iniciales apuntaban a que la deuda cerraría 2026 en torno al 41,3% del PIB, diversos expertos calculan que podría situarse entre 44,6% y 44,8%, acercándose al umbral prudencial de 45% definido como referencia para la sostenibilidad fiscal.

Las proyecciones también indican que el país podría superar ese límite durante 2027 si no se implementan medidas adicionales de ajuste fiscal. Frente a ese escenario, el ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno trabaja en un nuevo decreto de política fiscal con el objetivo de evitar que la deuda sobrepase dicho umbral.

Otro impacto esperado es el incremento del gasto destinado al pago de intereses. Economistas consultados estiman que el mayor endeudamiento podría elevar los costos financieros del Estado entre US$200 millones y US$300 millones anuales, dependiendo de las condiciones de mercado y de las tasas a las que se emitan los nuevos instrumentos de deuda.

En el mercado financiero, la magnitud de la solicitud sorprendió a varios analistas. Expertos advirtieron que una emisión de esta envergadura podría generar presión sobre las tasas de interés de largo plazo y aumentar el costo de financiamiento tanto para el Estado como para otros actores económicos. Algunos especialistas incluso sugirieron privilegiar emisiones en mercados internacionales para mitigar el impacto sobre la deuda local.

Respecto de una eventual rebaja en la clasificación de riesgo soberano, la mayoría de los economistas considera que aún es prematuro anticipar un cambio. Sin embargo, coinciden en que las agencias evaluadoras estarán atentas a las definiciones que adopte el Ejecutivo en materia de consolidación fiscal y reducción gradual del déficit durante los próximos años.

Los expertos sostienen que el elemento decisivo será el contenido del próximo decreto de política fiscal, donde el Gobierno deberá establecer una trayectoria creíble para estabilizar la deuda y recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. De la consistencia y viabilidad de ese plan dependerá en buena medida la evaluación futura de los mercados y de las clasificadoras internacionales. (NP-ChatGPT-Emol)