La residencia de Guardia Vieja 392, en Providencia, donde Salvador Allende vivió junto a Hortensia Bussi y sus hijas entre 1953 y 1971, fue vendida a una empresa privada por $1.000 millones, casi dos años después del fallido intento del Estado por adquirirla y transformarla en una casa museo.

El inmueble había sido presentado por integrantes de la familia Allende como una propiedad de relevancia histórica que debía incorporarse al patrimonio público. La propuesta recibió posteriormente el respaldo del gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric, pero la operación quedó frustrada debido a incompatibilidades constitucionales que afectaban a dos de sus propietarias.

Los primeros antecedentes formales del proyecto se remontan al 21 de marzo de 2024, cuando representantes de la familia presentaron ante un asesor del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural un documento denominado “Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens”.

La propuesta contemplaba que el Estado adquiriera la residencia para posteriormente entregarla en comodato a la Fundación Salvador Allende, presidida por Marcia Tambutti Allende. También se evaluaba constituir una nueva entidad, denominada Fundación Casa Museo Salvador Allende, que quedaría encargada de administrar el inmueble.

La entonces senadora Isabel Allende defendió públicamente la iniciativa y sostuvo que la propiedad poseía un valor histórico que excedía su tasación inmobiliaria. El objetivo declarado era trabajar junto al Ministerio de las Culturas para establecer un proyecto que permitiera convertir efectivamente la residencia en un museo.

El expresidente Gabriel Boric señaló posteriormente que había sido él quien propuso a las familias Allende y Aylwin que las antiguas residencias de ambos exmandatarios pasaran a formar parte del patrimonio público, con el propósito de preservar y divulgar episodios relevantes de la historia política chilena.

El 30 de diciembre de 2024, el Gobierno anunció la adquisición de Guardia Vieja 392 por aproximadamente $993 millones. El proyecto consideraba habilitar una casa museo que conservara fotografías, documentos, objetos personales y otros elementos relacionados con la trayectoria del expresidente Allende.

Sin embargo, apenas tres días después surgieron cuestionamientos jurídicos debido a que entre las propietarias figuraban Isabel Allende, quien entonces ejercía como senadora, y Maya Fernández, que se desempeñaba como ministra de Defensa. Ambas estaban sujetas a normas constitucionales que impedían la celebración de determinados contratos con el Estado.

La compraventa finalmente no se concretó y el proyecto quedó archivado. Posteriormente, Fernández dejó el Ministerio de Defensa e Isabel Allende perdió su escaño en el Senado tras una resolución del Tribunal Constitucional.

Pese al fracaso de la operación, Isabel Allende continuó defendiendo el carácter patrimonial de la iniciativa y sostuvo que había confiado en las instituciones estatales responsables de ejecutar la adquisición. También definió el proyecto como una iniciativa vinculada a la memoria y preservación histórica.

El plan gubernamental contemplaba además incorporar al patrimonio estatal una residencia vinculada al expresidente Eduardo Frei Montalva, iniciativa que tampoco llegó a concretarse.

El destino de Guardia Vieja 392 cambió definitivamente el 4 de agosto de 2026, cuando sus propietarios vendieron el inmueble a Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA por $1.000 millones.

La empresa compradora ya mantiene oficinas en el sector y proyectaría utilizar la propiedad para ampliar sus instalaciones. El precio de la transacción privada fue ligeramente superior a los cerca de $993 millones que el Estado había considerado pagar durante la frustrada adquisición de 2024.

La venta reabrió el debate sobre el propósito que tuvo originalmente la operación. El analista Max Colodro sostuvo que la transacción con un privado demostraría que existía también un interés comercial por parte de los propietarios y cuestionó que ese aspecto no hubiese sido explicitado desde un comienzo.

La operación cierra así, al menos en su dimensión inmobiliaria, una controversia que comenzó como un proyecto de preservación patrimonial, derivó en un conflicto constitucional con importantes consecuencias políticas y terminó con la propiedad histórica en manos de una empresa privada. (NP-ChatGPT-Ex Ante)