Un amplio operativo policial permitió la clausura de 26 casinos clandestinos que operaban en distintas comunas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, dejando un total de 116 personas detenidas de diversas nacionalidades y la incautación de millonarias sumas de dinero, armamento y equipamiento utilizado para el funcionamiento de estos recintos ilegales.
El procedimiento, denominado “Muralla Oriental II”, fue ejecutado por más de 80 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) como parte de una investigación desarrollada junto al Ministerio Público contra una organización criminal de origen chino vinculada a delitos de asociación criminal, lavado de activos, contrabando, infracciones a la Ley de Armas y operación de casinos ilegales.
Como resultado del operativo, 13 personas fueron formalizadas por el delito de administración de casinos clandestinos. De ellas, cuatro quedaron en prisión preventiva tras ser imputadas, además, por porte ilegal de armas.
El jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Erick Menay, destacó que la investigación representa un avance significativo en el combate contra este tipo de organizaciones.
Durante los allanamientos fueron incautadas más de 1.062 placas madre correspondientes a máquinas de juego, cerca de $700 millones en efectivo, aproximadamente US$30.000, más de 550 municiones calibre 9 milímetros y tres armas de fuego.
Según explicó Menay, la organización utilizaba complejos mecanismos de lavado de dinero, mediante sistemas de códigos que permitían transferir recursos hacia países de Asia para financiar nuevamente las actividades ilícitas.
Por su parte, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana indicó que la investigación se originó tras la desarticulación de la denominada Mafia Hongmen, cuyos teléfonos celulares revelaron que el control de estos casinos ilegales era ejercido por integrantes de esa organización criminal.
El persecutor señaló que estos establecimientos generaban importantes ingresos económicos. Solo durante el operativo se incautaron alrededor de $80 millones en efectivo, cifra que correspondería a la recaudación de una sola jornada de funcionamiento.
Asimismo, advirtió que este tipo de negocios ilegales no solo produce grandes ganancias, sino que también favorece el control territorial de organizaciones criminales, genera incivilidades y dificulta la intervención de los municipios.
La investigación también permitió establecer que muchos de estos casinos funcionaban ocultos tras fachadas comerciales aparentemente legales, como ferreterías, tiendas de ropa y otros locales comerciales, lo que facilitaba su operación sin levantar sospechas.
El Ministerio Público continúa desarrollando diligencias para identificar a los líderes de la organización y determinar el destino final de los recursos obtenidos mediante esta red de casinos clandestinos. (NP-ChatGPT-Emol)