La ministra María Pía Silva asumirá este viernes 10 de julio como nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC), cargo que ejercerá hasta el término de su período como integrante del organismo, previsto para julio de 2027.
Silva reemplazará a Daniela Marzi Muñoz, actual presidenta del tribunal, quien fue designada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Tras finalizar el mandato de Silva, la presidencia será asumida por la ministra Catalina Lagos hasta julio de 2028.
La nueva titular del TC es abogada y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, se ha desempeñado como académica en esa casa de estudios desde 2004 y también ha impartido clases de Derecho Constitucional en otras universidades.
La magistrada, considerada cercana al centro político, militó anteriormente en la Democracia Cristiana y mantuvo vínculos con figuras históricas de ese sector. Además, participó en iniciativas relacionadas con discusión constitucional impulsadas durante años anteriores.
IMPORTANCIA DEL VOTO DIRIMENTE
La presidencia del Tribunal Constitucional adquiere especial relevancia debido a que cuenta con voto dirimente en caso de empates entre los ministros. Por esta razón, el rol de Silva será observado en eventuales disputas legislativas durante el actual gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Uno de los antecedentes recientes que genera atención es su participación en la revisión del proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que llegó al TC luego de requerimientos presentados por parlamentarios de oposición.
El fallo terminó declarando inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto, relacionadas con revisión de pertenencias de estudiantes, normas de convivencia escolar, restricciones de vestimenta y consecuencias vinculadas a beneficios educacionales.
En la discusión sobre la posibilidad de que policías revisaran mochilas de estudiantes sin autorización de un fiscal bajo determinadas condiciones, Silva votó a favor de la constitucionalidad de la norma junto a ministros asociados a posturas más conservadoras y de centroderecha.
Esa votación terminó empatada, por lo que la presidenta saliente, Daniela Marzi, utilizó su voto dirimente para declarar la disposición contraria a la Constitución.
Silva también respaldó la constitucionalidad de una norma que incorporaba como criterio en procesos de admisión escolar el antecedente de no haber sido sancionado con expulsión o cancelación de matrícula por hechos graves de convivencia.
Sin embargo, en otros puntos del proyecto se sumó a la mayoría que declaró inconstitucionales disposiciones relacionadas con gratuidad para condenados por delitos en establecimientos educacionales, prohibiciones de vestimentas vinculadas a violencia y normas sobre interrupción de actividades académicas.
Con su llegada a la presidencia del TC, Silva tendrá un papel determinante en futuras resoluciones donde exista división entre los integrantes del organismo. (NP-ChatGPT-Emol)