La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) presentó una denuncia de tutela laboral contra la Corte Suprema por la apertura de cuadernos de remoción contra 58 jueces que habrían incurrido en faltas a la probidad al viajar fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica.

La acción judicial fue interpuesta por los abogados Romina Urzúa, Claudio Fuentes y Ariel Rossel en representación de la organización encabezada por la jueza de garantía Mariela Hernández, quien previamente había cuestionado la forma en que el máximo tribunal abordó estos casos.

De los 58 magistrados sometidos a procedimientos de remoción por estos hechos, 30 pertenecen a la ANMM.

La asociación sostiene en su presentación que las decisiones adoptadas por la Corte Suprema habrían vulnerado derechos fundamentales de sus asociados, entre ellos la honra, la vida privada, el derecho a no ser discriminados y la garantía de indemnidad vinculada al ejercicio de la tutela judicial efectiva.

Uno de los principales argumentos del gremio apunta a que las conductas atribuidas a los jueces ya habrían sido revisadas y resueltas mediante procedimientos disciplinarios ante las respectivas cortes de apelaciones.

Según la denuncia, la apertura de los cuadernos de remoción más de un año después de concluidos esos procesos supone volver sobre hechos que ya habían sido objeto de decisiones disciplinarias.

La asociación sostiene que la medida “vulnera la honra de los asociados” debido a que las conductas imputadas “ya habían sido conocidas y resueltas en procedimientos disciplinarios ejecutoriados ante las respectivas cortes de apelaciones”.

El gremio cuestiona además la exposición pública de los casos y la difusión de antecedentes que, según argumenta, corresponden a la esfera privada de los magistrados involucrados.

A juicio de la ANMM, esta situación habría afectado la reputación profesional de funcionarios con extensas carreras dentro del Poder Judicial.

RIESGO DE PÉRDIDA DE LOS CARGOS

La presentación también cuestiona las garantías procesales de los procedimientos iniciados por el máximo tribunal.

“La protección jurisdiccional solicitada resulta relevante y urgente porque la medida impugnada expone a los denunciantes a la más grave de las consecuencias posibles —la pérdida del cargo—, produce efectos actuales, permanentes y potencialmente irreversibles sobre su honra, su carrera funcionaria y su estabilidad laboral”, señala la acción.

Los representantes del gremio sostienen, además, que la controversia trasciende la situación particular de los magistrados involucrados y podría tener efectos sobre la independencia, inamovilidad y seguridad jurídica de los integrantes del escalafón judicial.

La ANMM cuestiona asimismo el procedimiento utilizado por la Corte Suprema para disponer la apertura de los cuadernos de remoción.

Según la asociación, las resoluciones habrían prescindido de las reglas procesales contenidas en los artículos 40 y 41 del Acta N.º 108-2020 y se habrían limitado a invocar las atribuciones contempladas en el artículo 80 de la Constitución.

SOLICITUDES DE LA ANMM

Junto con denunciar las presuntas vulneraciones, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados formuló una serie de solicitudes destinadas a modificar la regulación de las facultades disciplinarias del máximo tribunal.

Entre ellas propone crear una comisión con participación de la propia ANMM, en representación de los jueces del país, para elaborar una propuesta de reforma legal o constitucional que regule las facultades disciplinarias y correctivas de la Corte Suprema bajo criterios de debido proceso y estándares internacionales.

El gremio también solicita que quien presida la Corte Suprema dé cuenta públicamente, el primer día hábil de marzo de cada año, de las dificultades de interpretación, aplicación y eventuales vacíos existentes en los procedimientos destinados a ejercer esas atribuciones disciplinarias.

Finalmente, la asociación pide que la Corte Suprema sea condenada al pago de las costas del procedimiento.

La presentación abre así un nuevo frente en la controversia surgida por los casos de integrantes del Poder Judicial que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, esta vez mediante una acción que cuestiona directamente la actuación del máximo tribunal frente a los magistrados involucrados. (NP-ChatGPT-La Tercera)