El senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, adelantó que el proyecto de Presupuesto 2027 tendrá entre sus principales prioridades la reactivación económica, la inversión, el empleo, la vivienda, la infraestructura y la seguridad, junto con un énfasis en el control del gasto público. La iniciativa contempla, según los antecedentes entregados hasta ahora por el oficialismo, un crecimiento cercano al 1,5% respecto de la ejecución prevista para 2026.

El parlamentario explicó que esa variación debe calcularse sobre el gasto que efectivamente se terminará ejecutando durante 2026 y no sobre el monto originalmente aprobado en la Ley de Presupuestos de ese año. A su juicio, esta diferencia es relevante para dimensionar correctamente la expansión propuesta por el Ejecutivo.

Los primeros lineamientos fueron presentados por el Presidente José Antonio Kast durante una reunión con parlamentarios oficialistas realizada en Cerro Castillo, antes del ingreso del proyecto al Congreso. Según Macaya, el Gobierno planteó en esa instancia que la reactivación económica y la generación de empleo estarán entre los principales criterios para distribuir los recursos.

El senador reconoció que esta definición podría traducirse en una menor prioridad para algunas partidas que tengan menos incidencia en inversión y actividad económica. Sin embargo, sostuvo que uno de los objetivos centrales será resguardar el gasto social y concentrar los ajustes en áreas donde puedan existir ineficiencias, especialmente en el gasto corriente.

Macaya aseguró que los beneficios y derechos sociales establecidos legalmente no forman parte de los recortes que plantea el Ejecutivo. En particular, descartó una reducción de la gratuidad universitaria, aunque defendió un fortalecimiento de los mecanismos destinados a verificar que las ayudas estatales sean recibidas por personas que efectivamente cumplen los requisitos.

En ese contexto, señaló que herramientas tecnológicas, fiscalizaciones y controles institucionales podrían permitir una revisión más precisa de la entrega de beneficios, particularmente cuando existan inconsistencias entre la situación socioeconómica declarada por una persona y aquella que corresponda según los registros disponibles.

De acuerdo con el presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, una parte importante del incremento de recursos previsto para 2027 se concentrará en vivienda, infraestructura, seguridad y defensa. La intención, explicó, es privilegiar iniciativas que tengan condiciones efectivas para ejecutarse y que, al mismo tiempo, puedan contribuir a impulsar la actividad económica y el empleo.

Macaya calificó el crecimiento presupuestario anticipado de 1,5% como contenido en comparación con expansiones registradas en ejercicios anteriores. Advirtió, sin embargo, que la cifra debe analizarse junto con la evolución de los ingresos estructurales, el déficit fiscal y la deuda pública para determinar el efecto global de la propuesta sobre las cuentas fiscales.

En términos generales, el senador sostuvo que la orientación anunciada busca compatibilizar disciplina fiscal con prioridades sociales y económicas, particularmente en materias como empleo, vivienda y seguridad. El detalle definitivo de esas asignaciones dependerá del proyecto que presente el Ejecutivo y de su posterior discusión en el Congreso.

Respecto de las advertencias sobre una eventual disminución de 7% en los presupuestos de los gobiernos regionales, Macaya afirmó que, según lo transmitido por el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo no estaría planteando una reducción general de esa magnitud. Señaló que el Gobierno mantiene conversaciones con los gobernadores regionales y pretende incorporar incentivos relacionados con la capacidad de ejecución presupuestaria.

Según explicó, el propósito sería diferenciar el desempeño de los gobiernos regionales considerando, entre otros factores, la capacidad de destinar recursos a inversión frente al gasto corriente. Macaya sostuvo que el Ejecutivo considera a los gobernadores aliados para la ejecución de proyectos y atribuyó la controversia sobre el eventual recorte a la manera en que inicialmente se comunicó la propuesta.

El senador también abordó la iniciativa promovida por parlamentarios de la UDI para reducir a $1.000 los recursos destinados al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), medida planteada por sus impulsores con el propósito de forzar el cierre de la institución.

Macaya tomó distancia de una definición anticipada sobre esa propuesta y afirmó que el debate presupuestario debe desarrollarse con responsabilidad. En su calidad de presidente de la instancia parlamentaria encargada de tramitar el Presupuesto, señaló que procurará que la discusión de las distintas partidas se realice sobre antecedentes concretos.

El legislador indicó que no dispone del detalle sobre el funcionamiento actual del INDH ni de los recursos vinculados a los sitios de memoria, aunque manifestó que eventuales espacios de austeridad pueden ser revisados durante la tramitación. Añadió que el Congreso deberá evaluar el gasto corriente y establecer prioridades de acuerdo con las necesidades que enfrente el país.

La discusión comenzará una vez ingresado formalmente el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso. Será durante su tramitación cuando se conocerá el detalle de los recursos asignados a cada ministerio, servicio público y gobierno regional, además de las modificaciones que puedan surgir durante el debate parlamentario. (NP-ChatGPT-Emol)