El exministro de Justicia y Seguridad Pública Luis Cordero afirmó que el Poder Judicial atraviesa la crisis más profunda de su historia reciente, marcada por investigaciones, procesos de remoción y casos de corrupción que han afectado a integrantes de los tribunales, incluida la Corte Suprema.

En entrevista con Radio ADN, Cordero sostuvo que la magnitud de la situación puede observarse al comparar las destituciones registradas en los últimos años con los antecedentes históricos del máximo tribunal.

Según recordó, antes de los acontecimientos recientes el caso del exministro Hernán Cereceda, destituido en 1992, constituía un precedente excepcional. Cordero destacó que entre 2024 y 2025 fueron removidos tres ministros de la Corte Suprema, circunstancia que, a su juicio, refleja la dimensión de la crisis institucional.

El exsecretario de Estado señaló que las investigaciones derivadas del denominado caso Audio dieron paso o se sumaron a otras indagatorias relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial. Entre ellas mencionó cuestionamientos a los procesos de nombramiento y causas vinculadas a eventuales hechos de corrupción relacionados con la obtención de resoluciones judiciales.

A ese escenario agregó los procedimientos contra jueces por el uso irregular de licencias médicas. La suma de estos episodios lleva a Cordero a considerar que se trata de la crisis más significativa que ha enfrentado el Poder Judicial.

El exministro advirtió que el debilitamiento de los tribunales representa un riesgo institucional, particularmente en momentos en que la seguridad pública y el combate contra la corrupción ocupan un lugar relevante en la agenda nacional. En ese contexto, sostuvo que contar con un Poder Judicial afectado por sucesivas controversias puede generar consecuencias para la capacidad del Estado de enfrentar esos fenómenos.

Cordero también abordó la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la posibilidad de que el Ejecutivo retire su propuesta para facilitar la tramitación de un texto elaborado por senadores.

A su juicio, la administración está destinando un importante capital político a esa discusión, aunque sostuvo que uno de los principales desafíos del Ministerio de Seguridad Pública se encuentra en la gestión y aplicación efectiva de las herramientas disponibles.

Respecto de si el eventual retiro de la reforma representaría una derrota política para el Ejecutivo, Cordero evitó plantearlo en esos términos y señaló que el Gobierno buscaría acelerar la agenda legislativa para exhibir resultados. Añadió que, en su opinión, una parte fundamental de las tareas pendientes se encuentra en implementar adecuadamente las leyes ya aprobadas.

El exministro recordó que durante los últimos años se han incorporado instrumentos legales destinados a combatir el crimen, agilizar las investigaciones penales y fortalecer las capacidades del Ministerio Público, las policías y la gestión territorial.

Cordero también se refirió al debate sobre eventuales indultos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Manifestó reparos frente a esa posibilidad, tanto por las obligaciones derivadas del derecho internacional como por las consideraciones relacionadas con las víctimas y la memoria histórica.

En particular, sostuvo que hechos como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales afectan directamente la dignidad humana y requieren un tratamiento especialmente riguroso.

El exministro distinguió, sin embargo, la situación de condenados que padezcan enfermedades terminales y enfrenten una muerte inminente. A su juicio, circunstancias de esa naturaleza podrían requerir una evaluación particular, considerando los estándares humanitarios contemplados en el derecho internacional. (NP-ChatGPT-La Nación-ADN)