La semana pasada, el gobierno puso discusión inmediata al proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, actualmente en la Comisión de Salud del Senado, y presentó sus indicaciones. Muchas críticas (morales, políticas, sociales, etc.) se pueden formular, pero conviene detenerse en el aspecto económico de la cuestión. Después de todo, resulta paradójico que un gobierno que demonizó el lucro, genere un incentivo perverso y un atajo para ahorrar y disminuir los costos de un sistema de seguridad social colapsado.
En el prólogo del libro de Robert Spaemann “Sobre la buena muerte”, Ignacio Sánchez y Joaquín García Huidobro ejemplifican una de las mercantiles consecuencias de la legalización de la eutanasia: “Randy Stroup, un ciudadano norteamericano enfermo de cáncer, quien en 2008 recibió una respuesta negativa de su seguro de salud Oregon Health Plan ante su petición de ayuda financiera para una costosa quimioterapia, pero a su vez le indicaron que sí asumirían los costos de un suicidio médicamente asistido”. ¿Cuántas personas que se atienden en Fonasa podrían recibir un correo similar?
Por cierto que es más barato practicar la eutanasia que costear los tratamientos de un cáncer terminal. ¿Acaso el incentivo perverso no está a la vuelta de la esquina? Atendida la crisis de la salud pública, ¿cuántas, de las más de 40.000 personas con cáncer terminal al día de hoy, elegirían “libremente” la eutanasia si la cobertura de los programas de cuidados paliativos no da el ancho? ¿Cuánto se acortarían las listas de espera? Lo del cáncer terminal es solo un ejemplo, porque el gobierno se cuidó de ampliar aún más las causales y reducir los requisitos para para que proceda la “muerte dulce”: “Diagnosticada una condición o enfermedad grave, incurable o terminal”. Ahí cabe de todo. El famoso argumento del dolor insoportable desaparece. ¿Qué problemas de salud mental podrían caber en este paraguas? Y hablando de diagnósticos… ¿El fraude de las licencias médicas no nos alerta para nada? No se trata de presumir la mala fe (ni pecar de inocentes), sino de reconocer que la mesa está servida para una rentable carnicería y que las billeteras están abiertas.
No es una exageración esto de lucrar con el dolor y la muerte. En Canadá, que legalizó la eutanasia en 2016, se presentó un informe (“Análisis de costos de la asistencia médica para morir en Canadá”) en 2017, en el que se estimaba que el Estado ahorraría, anualmente, entre 34,7 y 136,8 millones de dólares por año con la implementación de la eutanasia. En Chile, un estudio de 2017 calculó que a 20.300 personas (mayores de 20 años y diagnosticadas con una enfermedad terminal, considerando solo enfermedades catastróficas) se les podía practicar la eutanasia, por solo 440.000 pesos. El gobierno no ha acompañado un Informe Financiero del costo que supondría implementar la eutanasia, ni el ahorro que significaría… si es que se pudiese confiar en sus cálculos.
Independiente del resultado del cálculo económico sobre el costo-beneficio de legalizar la eutanasia, ésta siempre será injusta porque se autoriza el asesinato de una persona inocente. Sin embargo, el argumento del beneficio económico ilustra el peligro de deshumanizar a la sociedad con lógicas mercantiles frías disfrazadas de argumentos de falsa autonomía, falsa libertad y falsa compasión. (El Líbero)
Roberto Astaburuaga
