Luces y sombras del Acuerdo por Chile-Luis Larraín

Luces y sombras del Acuerdo por Chile-Luis Larraín

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Ambicioso es el nombre que la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso, desde el PC a la UDI, eligieron para presentar el documento que describe los acuerdos para habilitar un proceso constituyente que lleve a una nueva Constitución para Chile.

Lo digo porque aquel suscrito el 15 de noviembre de 2019 se llamó Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución y su resultado fue el período más violento que la mayoría de los chilenos recuerde y un proyecto de Constitución que disgregaba la nación chilena y ponía en riesgo la democracia representativa en nuestro país. Afortunadamente ese proyecto, apoyado sin ambages por el gobierno del Presidente Boric y todas las fuerzas que lo respaldan, fracasó rotundamente el 4 de septiembre pasado al ser derrotado en las urnas por más del 60% de los ciudadanos.

El acuerdo impone, por lo tanto, una enorme responsabilidad a los políticos que lo suscribieron. Para asumirla cuentan con cosas a favor, luces, pero también con cuestiones en contra, sombras.

Veamos las luces. El Acuerdo reduce el riesgo de una Constitución antidemocrática y disgregadora al acotar el rango de lo posible, especialmente en algunas cuestiones: a) las bases constitucionales señalan que Chile es un Estado unitario y descentralizado y reconoce a los pueblos indígenas como parte de una nación chilena que es una e indivisible. Fin a la plurinacionalidad entonces; b) Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí, el Poder Ejecutivo con iniciativa exclusiva de gasto público, el Judicial con unidad jurisdiccional y el Legislativo, bicameral.

Si bien estas bases o bordes, como se les llamó en algún momento, no siempre son un instrumento idóneo para lograr acotar los riesgos, en estos puntos sí lo son, pues es tan claro el tenor literal de ellas en los casos anteriores que sería imposible ser exitoso en un intento por transgredirlos. No ocurre lo mismo con otras cuestiones como el derecho de propiedad o la libertad de enseñanza, por ejemplo, donde es la formulación precisa y literal de la norma constitucional la que asegura ese objetivo.

Un segundo elemento valorable del acuerdo es que al incluir los expertos designados por el Congreso con participación relevante en el proceso, reivindica la legitimidad democrática de éste, que había sido cuestionado desde la izquierda, y paradojalmente también desde parte de la derecha.

Era intransable por lo tanto que se incluyeron en el proceso, y así lo entendió Amarillos. Esto deja algunas preguntas en el aire para los dirigentes de Chile Vamos: ¿Por qué no defienden con más vigor la legitimidad del Congreso? ¿Se trata de una cuestión de fondo y coinciden con la izquierda en el diagnóstico sobre las causas del 18 de octubre y ni siquiera una elección posterior a esa fecha borra esa impresión, o es una mera declaración populista que quiere agradar a la opinión pública? ¿Si el Congreso no tiene plena legitimidad democrática, por qué la tendría el Presidente Boric? Para consolidar entonces esta virtud del acuerdo, hay que insistir en la legitimidad del Congreso.

Una tercera cuestión que es positiva es que, al menos en el plano declarativo, el amplio espectro de las fuerzas políticas que concurren al acuerdo deja atrás el ciclo refundacional de una nueva Constitución. La casa de todos, acuerdos amplios, un país que permita diversidad vuelven a ser conceptos apreciados ante la opinión pública, estableciendo así un ambiente y un ethos discursivo que favorece el entendimiento. Veremos cuánto dura este ambiente, lo que se relaciona con los problemas que tratamos a continuación.

Entre las sombras del acuerdo, está la duda sobre la verdadera voluntad de convergencia de la izquierda, que parte en el Presidente Boric. Él declaró al recibir el acuerdo que valoraba el que fuera un órgano 100 % elegido, con expertos que tenían sólo un rol de asesoría y acompañamiento. Eso es falso porque el acuerdo diseña una Comisión Mixta que dirimirá diferencias entre el Consejo Constitucional y la Comisión Experta, con igual número de integrantes elegidos que expertos. Y que el Presidente lo diga indica que sigue en la trinchera o aún no asimila totalmente el resultado del 4 de septiembre. El Acuerdo por Chile, como lo dijo Jefferson acerca de la libertad, tendrá el precio de la eterna vigilancia que habrán de ejercer los convencionales de centro y derecha ante una izquierda insumisa a la voluntad popular.

Un segundo aspecto cuestionable es que se cedió en los escaños reservados para pueblos indígenas, lo que abre un peligroso precedente, y lo mismo ocurre con la paridad de entrada y salida. Se consolida así la práctica de meter la mano a la urna, que distorsiona la democracia representativa.

Una tercera sombra es lo engorroso y prolongado del proceso. Se crean tres órganos que deben funcionar sin fallas, como un mecanismo de relojería que no puede fallar en alguno de sus engranajes, como ha señalado Sergio Muñoz Riveros.

El proceso durará un año entero, y ello inevitablemente distraerá la atención de nuestra clase política de los acuciantes problemas que vive la población chilena. El Presidente Boric no puede ocultar que le interesa más el acuerdo que los crímenes que asolan las calles de nuestro país o la caída del poder adquisitivo de los chilenos. Muchos políticos, de todos los colores, tendrán esa misma pulsión. Cómo resolver ese problema no es trivial e incidirá en la adhesión que los políticos, de izquierda, centro y derecha tendrán en la población.

Pero eso es materia de otra columna, aunque su efecto en los resultados de la elección de convencionales, que dependerá de cómo se manejen las distintas fuerzas políticas, puede ser el elemento que incline el fiel de la balanza en la evaluación final de este acuerdo.(El Líbero)

Luis Larraín