La tramitación del proyecto de reforma a la educación superior ha llegado a un momento clave. El bajísimo apoyo que ha suscitado tanto en el oficialismo como en la oposición y las profundas y fundamentadas críticas que ha recibido por parte de las universidades, expertos, el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, hacen que el próximo paso en la tramitación se debata entre tres opciones: una indicación sustitutiva, la separación en varios proyectos independientes o el retiro del proyecto.
La primera opción tiene como supuesto, necesariamente, que las críticas que ha recibido el proyecto son de algún modo detalles superficiales que pueden arreglarse con algunos incisos más y otros incisos menos. Pero, si se hace el ejercicio de revisar las presentaciones y alocuciones de los invitados a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, es fácil darse cuenta que prácticamente todos se concentran en problemas esenciales de la iniciativa, en el corazón de la concepción de la educación superior que el proyecto tiene: el Estado como único controlador del sistema. No parece plausible que una indicación sustitutiva pueda resolver estos problemas. Es más probable que estas indicaciones sean una estrategia legislativa que apunte a satisfacer las demandas puntuales de los parlamentarios, lo que permitirá continuar su tramitación sin realmente abordar los problemas del proyecto. La idea general de eliminar el Crédito con Aval del Estado o reponer el aporte fiscal directo para universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) es justamente esto.
La segunda opción tampoco es muy prometedora. En primer lugar, por lógica, dividir el proyecto en partes no lo mejorará, solo facilitará su tramitación y le dará una oportunidad de avanzar a un gobierno que trata de cumplir sus promesas mirando constantemente el reloj. En segundo lugar, separar el proyecto impide tener una visión del sistema completo, y desde la perspectiva de las instituciones y los estudiantes, solamente prolongará la incertidumbre a la que están sometidos desde el comienzo de este gobierno. Es necesario que, para evaluar el impacto que la reforma tendrá en el sistema, contemos con una visión global.
Al parecer, la opción de retirar el proyecto es la más recomendable. Algunos argumentarán que esto es equivalente a renunciar a cualquier posibilidad de reforma, siendo que hay bastante consenso en que el sistema necesita cambios. Pero el proyecto de ley, tal y como se encuentra ahora, está lejos de concitar el acuerdo necesario para ser útil como base para los cambios que se requieren. El gobierno debe concentrarse en rediseñar la reforma cuidando dos focos que han centrado la crítica: respetar y potenciar la autonomía de las instituciones y focalizar los recursos en quienes más lo necesitan, descartando la gratuidad universal. (El Líbero)
Raúl Figueroa
