La elección de los nombres de los proyectos de ley se ha convertido en una herramienta estratégica de los gobiernos chilenos para instalar sus prioridades, influir en la opinión pública y condicionar el debate parlamentario. Más allá de su contenido técnico, las denominaciones buscan asociar las reformas con aspiraciones ciudadanas ampliamente compartidas, como la seguridad, la vivienda, la justicia social o el crecimiento económico, aunque los especialistas advierten que una estrategia comunicacional eficaz no garantiza su aprobación ni reemplaza la necesidad de acuerdos políticos.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha recurrido a esta fórmula en algunas de sus principales iniciativas legislativas. Una de ellas fue la denominada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocida también como megarreforma, que incorporó medidas como la reducción del impuesto a las empresas y mecanismos de invariabilidad tributaria.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó esta estrategia durante un encuentro del ChileDay realizado en Madrid, donde participó junto a la senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez. Según planteó, el concepto de reconstrucción resulta difícil de rechazar públicamente, aunque el proyecto incluya disposiciones que generan importantes diferencias políticas.

Una discusión similar acompañó la presentación de la reforma al mercado de capitales, identificada en el sector financiero como MK4, cuyo nombre oficial incorporó el objetivo de facilitar el financiamiento de la casa propia. La denominación buscó vincular modificaciones al sistema financiero con una aspiración concreta de las familias, trasladando el centro del debate desde aspectos técnicos hacia sus eventuales beneficios ciudadanos.

Para especialistas en comunicación política, estas decisiones responden a la necesidad de establecer un marco interpretativo antes de que comience la discusión legislativa. El exjefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno de Eduardo Frei, Pablo Halpern, explica que el nombre de una reforma puede orientar la percepción sobre el problema que pretende resolver, los responsables de abordarlo y las soluciones consideradas aceptables.

La exjefa de comunicaciones del gobierno de Gabriel Boric, Tatiana Klima, coincide en que la denominación influye en las preguntas que dominarán posteriormente el debate. Desde esa perspectiva, quien consigue instalar un concepto favorable adquiere una ventaja inicial frente a sus adversarios políticos.

Sin embargo, los expertos advierten que el impacto comunicacional tiene límites. Christián Rendic, quien dirigió la Secom durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sostiene que una denominación breve y fácil de recordar contribuye a ordenar las vocerías y explicar los objetivos de una iniciativa, pero difícilmente puede revertir el rechazo a medidas impopulares o superar las divisiones dentro de una coalición.

La utilización de nombres estratégicos tampoco constituye una particularidad chilena. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden impulsó en 2022 la denominada Ley de Reducción de la Inflación, que incorporó importantes medidas ambientales y energéticas. Donald Trump, por su parte, recurrió a expresiones de fuerte contenido político para identificar iniciativas fiscales y comerciales, mientras que en Argentina el Presidente Javier Milei presentó un amplio conjunto de reformas bajo la denominación de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Uno de los casos internacionales más conocidos es el de la reforma sanitaria promovida por Barack Obama, popularizada como Obamacare. Aunque inicialmente fue una expresión utilizada por sus críticos, terminó siendo adoptada por el propio mandatario y se consolidó en el debate público.

En Chile, las distintas administraciones también han intentado asociar sus reformas tributarias con determinados objetivos políticos. En 2022, el gobierno de Boric presentó una propuesta denominada Reforma Tributaria Hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social, en un contexto marcado por la discusión constitucional. Pese a esa formulación, la iniciativa fue rechazada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados en marzo de 2023.

Durante el segundo gobierno de Piñera, en cambio, el Ejecutivo intentó instalar el concepto de modernización tributaria para presentar sus modificaciones al sistema impositivo. Sin embargo, en la discusión pública predominó la expresión reforma tributaria, demostrando que los gobiernos no siempre consiguen imponer las denominaciones que prefieren.

La administración de Michelle Bachelet había optado en 2014 por un título fundamentalmente técnico para su reforma tributaria, aunque posteriormente recurrió a una campaña comunicacional de mayor confrontación política para defenderla. Esa estrategia generó cuestionamientos y controversias sobre el lenguaje utilizado en la difusión oficial.

Los antecedentes muestran que existe una diferencia entre los nombres formales de los proyectos, definidos según criterios legislativos, y las denominaciones con que finalmente son conocidos por la ciudadanía. En esta última dimensión intervienen los equipos comunicacionales del Ejecutivo, los parlamentarios, los partidos políticos, los medios de comunicación y las organizaciones sociales.

Durante los gobiernos de Piñera adquirió especial importancia el uso de siglas fáciles de recordar. Entre ellas destacaron el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE), el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), creado durante la pandemia.

Otro ejemplo fue el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), presentado inicialmente durante su primera administración. La iniciativa experimentó cambios durante su tramitación y terminó promulgándose en 2015, bajo el segundo gobierno de Bachelet, como Acuerdo de Unión Civil (AUC).

Una disputa política especialmente significativa se produjo con la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), impulsada al término del segundo mandato de Piñera. La nueva denominación reemplazó las referencias a la Pensión Básica Solidaria y al Aporte Previsional Solidario, mecanismos establecidos durante el primer gobierno de Bachelet.

El exministro de Hacienda Mario Marcel abordó ese episodio en su libro La montaña rusa, donde interpretó la PGU como un importante triunfo político de Piñera, al permitirle asociar su administración con una reforma previsional de amplia aceptación ciudadana.

En otras ocasiones, los nombres surgen fuera del Ejecutivo y adquieren fuerza por su vinculación con personas o acontecimientos específicos. Así ocurrió con las leyes Zamudio, Emilia, Ricarte Soto y Karin, cuyas denominaciones se relacionan con casos que provocaron repercusión pública y contribuyeron a impulsar cambios legislativos.

Una situación semejante se produjo con la Ley Naín-Retamal, aprobada durante el gobierno de Boric para fortalecer y proteger el ejercicio de las funciones policiales y de Gendarmería. Aunque su título formal describía los objetivos normativos, prevaleció una denominación vinculada a funcionarios policiales fallecidos en servicio.

La experiencia demuestra que los nombres utilizados por los gobiernos pueden ser modificados o reemplazados durante la discusión pública. También ocurre que la oposición consigue instalar conceptos desfavorables para determinadas iniciativas, como sucedió con la expresión Ley de Amarre, utilizada para cuestionar disposiciones incluidas en el reajuste del sector público discutido a fines de 2025.

En la administración de Kast, el uso de denominaciones de alto impacto también se ha extendido a medidas administrativas y anuncios gubernamentales. Entre los ejemplos figuran la Operación Cancerbero, relacionada con el traslado de internos a la cárcel de Talca, y el programa Chile Despega con más Pega, orientado a asociar la gestión económica con la generación de empleo.

El exintegrante de equipos de comunicación gubernamental Carlos Correa sostiene que la denominación de una ley forma parte de una disputa más amplia por el significado político de las reformas. En su evaluación, un nombre eficaz debe conectar con aspiraciones sociales reconocibles y contribuir a que la ciudadanía comprenda la finalidad de las medidas propuestas.

Otros especialistas coinciden en que las mejores denominaciones son breves, comprensibles, creíbles y coherentes con el contenido del proyecto. También consideran fundamental que los beneficios anunciados puedan concretarse, pues una promesa comunicacional exagerada puede terminar afectando la credibilidad del Ejecutivo.

El exjefe de la Secom de Boric, Pablo Paredes, ha advertido precisamente sobre los riesgos de privilegiar el impacto publicitario por encima del contenido real de las iniciativas. A su juicio, la comunicación debe corresponder a los objetivos y capacidades efectivas de ejecución de las políticas públicas.

Así, la elección de los nombres legislativos refleja una competencia permanente por instalar interpretaciones favorables, elevar el costo político de las críticas y obtener respaldo ciudadano. No obstante, su efectividad depende tanto de la capacidad de comunicar como de la consistencia de las propuestas y de los acuerdos necesarios para transformarlas en ley.

Aunque el Ejecutivo puede establecer la denominación inicial de una reforma, su permanencia en la memoria colectiva depende de una interacción más amplia entre el Congreso, la oposición, los medios y la ciudadanía. En definitiva, el nombre que termina imponiéndose no siempre es el escogido por sus impulsores, sino aquel que logra representar de manera más reconocible el contenido, las consecuencias o el significado político de la iniciativa. (NP-ChatGPT-La Tercera)