No fue mucho lo que dijo el Presidente Boric en el funeral del Presidente Piñera que fue interpretado como un mea culpa respecto de cómo actuó la izquierda frente al mandatario desaparecido, pero fue suficiente para que el PC lo criticara y hasta hablara de “negacionismo” de las violaciones de los DD.HH. en 2019. En realidad, tales críticas buscan convencer al país de que todo lo que se hizo contra Piñera estuvo justificado.
La expresión “estallido social” sirvió para tratar de dar nobleza a lo que carecía de ello, pero se ha deteriorado en el camino por las evidencias surgidas sobre su naturaleza antisocial y antidemocrática. Con todo, Boric volvió a usarla en su discurso para referirse a las distintas interpretaciones que Piñera y él tenían sobre lo ocurrido entonces. Lo que salta a la vista es que él prefiere no entrar en detalles, o sea, no detenerse en las consecuencias de la ola de violencia, destrucción y pillaje que fue cohonestada por casi todos los opositores.
Boric tuvo la oportunidad de incluir en su discurso un rechazo explícito a la violencia política en democracia, lo que habría sido valorado por moros y cristianos, pero no lo hizo. Suponemos que ya no tiene dudas doctrinarias sobre la materia, y que si omitió un pronunciamiento fue por razones crudamente políticas, asociadas a la estabilidad del bloque que lo acompaña en La Moneda.
No fue posible demostrar que Piñera haya impulsado una política de violaciones masivas y sistemáticas de los DD.HH. La propia expresidenta Michelle Bachelet reconoció que él tomó la iniciativa de pedir a la comisión respectiva de la ONU que investigara los abusos. En realidad, quienes insisten en el relato de que en 2019 emergió abruptamente un régimen represivo buscan tapar que, como dijo el año pasado el exministro del Interior Gonzalo Blumel, “una parte de la izquierda buscó derrocar al gobierno”.
Los DD.HH. son valores universales que hay que defender en todo tiempo y lugar. Allí se sintetiza el patrimonio humanista que da fundamento al régimen democrático. O sea, no pueden invocarse los DD.HH. para socavar la democracia, que es lo que subyace en el alegato que valida la barbarie de 2019 como expresión de los anhelos del pueblo. ¡Penosa idea del pueblo es aquella que, en los hechos, lo asocia con los saqueos, la quema de iglesias, el salvaje ataque al Metro y la destrucción en gran escala!
Nadie podría sostener la obscenidad de que los DD.HH. dejan fuera a los carabineros y los militares. Pues bien, cerca de 5.000 carabineros resultaron lesionados, algunos gravemente, por las agresiones sufridas por parte de quienes eran presentados entonces como luchadores sociales. El país no curará bien sus heridas ni podrá mirar el futuro con esperanza si se sigue aceptando la desquiciada visión de que el fin justifica los medios. Y no hemos olvidado todos los actos de barbarie que llevaron adelante las fuerzas político-delictuales que actuaron durante la revuelta.
En estos años, vimos cómo la amenaza de nuevos estallidos condicionó en muchos momentos nuestra convivencia. Es hora de terminar con esa forma de chantaje de quienes se reservan el derecho a recurrir a la revuelta cuando lo estimen necesario. El octubre negro ilustró suficientemente acerca de sus métodos. No se puede contemporizar con quienes mostraron todo lo que estaban dispuestos a hacer contra la paz y la libertad. Lamentablemente, algunos diputados oficialistas siguen convencidos de que “gracias al estallido” están instalados en el Congreso.
Es inadmisible el uso de una bandera noble como la de los DD.HH. para legitimar demasías como las de 2019. Esa lógica tortuosa conduce a desnaturalizar la protección de las garantías individuales y a justificar las peores bellaquerías. Los DD.HH. solo pueden ser eficazmente protegidos en condiciones democráticas, cuando funciona el Estado de Derecho. Es, por lo tanto, una hipocresía extrema que se los invoque para debilitar y llevar a la crisis al régimen democrático.
Es necesario separar aguas entre quienes adhieren sin dobleces al pacto democrático, y quienes creen que pueden tomar la parte de la legalidad que les conviene y darle la espalda a todo lo demás. Parten de la base, además, de que tienen licencia para cualquier cosa si agitan la bandera de los DD.HH. Detrás de ello está la sórdida noción de que es válido hacer oposición a un gobierno constitucional recurriendo a todas las formas de lucha.
Hay quienes piensan que su condición de revolucionarios les exige no renunciar al uso de la fuerza. En el fondo, estiman que ninguna Constitución es un obstáculo insalvable para conseguir sus fines. La vida en libertad es incompatible con tal predicamento. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
