Está de moda importar categorías extranjeras a diestra y siniestra con fines políticos. La repetición mántrica de ciertos conceptos (ultraderecha, derecha iliberal, izquierda woke y otros tantos) termina por vaciarlos de contenido y por moldear nuestras formas de relacionarnos. A menudo se recurre a estas etiquetas para parecer inteligente, para demostrar que se está al día con la doctrina o simplemente por pereza intelectual.
Lo curioso ocurre cuando los propios aludidos le dan la razón a la calificación de los contrarios. Después de todo tipo de esfuerzos por separar al gobierno de la categoría de ultraderecha o derecha iliberal, este último decidió por voluntad propia coquetear con el término. A raíz de una redacción deficiente e ideologizada de la reforma constitucional, el Ejecutivo entregó evidencia gratuita de una faceta que lo conecta con la restricción de libertades. No sabemos si en la cabeza de estos asesores la reforma se veía épica. Sí pareciera estar claro que deberían hacerse cargo de su responsabilidad por el desastre interno y externo que generó dicha desprolijidad.
El problema de fondo ya no está en las etiquetas contemporáneas que tanto entusiasman a los politólogos. Ahora se encuentra en el contenido de una reforma que se presentó voluntariamente y sin plazos. En esta formulación constitucional permea algo antiquísimo: la ideología detrás de este proyecto es pura perspectiva soberanista. Para el o los abogados que redactaron el mensaje (escrito con un pobre lenguaje lleno de adverbios), el soberano se ubica por sobre la persona. Y ellos, por ahora, son el soberano.
La lógica de los asesores del Jefe de Estado es, más o menos, esta: quien planifica debilitar la fuerza y las instituciones estatales debe perder derechos para luego ser reducido por el mismo Estado a cualquier costo. Creyeron que la seguridad gozaba de apoyo multitudinario y que, con un tejo pasado, se podía aprobar cualquier cosa. No importaba, entonces, aplicar la versión más burda de lo que se conoce como “derecho penal del enemigo”.
Anclados con fuerza en la noción soberanista cuya expresión más notable se encuentra en Thomas Hobbes, quienes promueven el derecho penal del enemigo combaten, con métodos similares a los de la reforma, justo a quienes participan en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Su principal teórico, el jurista alemán Günther Jakobs, deseaba restringir nada menos que el carácter jurídico de persona para quienes fueran declarados enemigos del Estado, o sea, para los que participaban en organizaciones criminales.
La máxima es simple: si le declaran la guerra al Estado, el Estado se las declarará a ellos. Como bien lo resume el jurista italiano Massimo Donini: “el criminal peligroso, el terrorista, el enemigo externo o extranjero y el destructor del sistema democrático son los arquetipos más elementales de estos sectores de intervención”. Ese fue, al fin y al cabo, el tipo de categorías que inspiró a los abogados ideologizados del Presidente.
Se puede usar la etiqueta que se prefiera para describir la fabulosa idea (es sarcasmo) de un nuevo estado de excepción de 120 días, declarado unilateralmente por el Ejecutivo para restringir libertades clásicas. Con dicha propuesta el gobierno se calzó varios de los calificativos que la izquierda más radicalizada ha usado últimamente. La razón es evidente: ni siquiera se tuvo en cuenta el contrapeso adecuado de poderes que permea en la Constitución actual y que Jaime Guzmán, por ejemplo, tuvo siempre presente.
El artículo 42 bis, en su numeral 7, dice: “Por la declaración del estado de excepción de seguridad pública, el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión”. Con esa frase, hasta a las personas de derecha se les viene la imagen de posibles detenciones arbitrarias.
Con la ideología mencionada a la vista, sorprende poco que se prefiera limitar derechos fundamentales de personas del entorno afectado por el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo, aunque nada tengan que ver con esos delitos cobardes, atroces y bajos. La justificación es una sola: si está en juego la soberanía o la seguridad del Estado en su territorio, este debe enfrentarlos como lo que son: enemigos. Son, como dice John Gray, parte del club de los Nuevos Leviatanes.
Estos abogados, sin embargo, olvidaron que los soberanos están integrados por personas y que, por lo tanto, los adversarios suelen cambiar. Si el Presidente declara dicho estado por sí solo y luego intercepta comunicaciones y arresta, ¿qué pasaría si después llega alguien al poder con tendencias verdaderamente autoritarias?
¿Convenía arriesgarse con algo tan pasado de rosca y gratuito? ¿Por qué no se socializó ni se sometió a revisión de otros expertos antes de presentarlo? Está bien que los redactores del proyecto se hayan creído Carl Schmitt y hayan coqueteado con fórmulas que, si bien tienen elementos interesantes, deben aplicarse con pinzas. Todos tienen su fetiche. No obstante, aquí estaba en juego la carta de presentación del gobierno y su plan de seguridad. En otras palabras, el juicio iba a ser sobre la dimensión ancla del gobierno del Presidente Kast. Le hicieron un flaco favor al jefe. Genios. (Ex Ante)
Álvaro Vergara