Las palabras del ministro Mario Marcel el fin de semana pasado, respecto del proceso constituyente, sin duda sorprendieron: “Lo que he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos”.
Sorprendieron porque el ministro de Hacienda es reconocido como un profesional sólido, con experiencia en el servicio público y con una comprensión profunda de la relación entre las instituciones políticas y económicas.
Por eso llaman tanto la atención sus comentarios sobre la falta de riesgos en las reglas económicas que está fijando la Convención Constitucional. Una cuestión es entender que un ministro de Estado tiene un rol político de apoyar las iniciativas de su coalición de gobierno, pero otra muy distinta es aceptar que por razones políticas se puedan distorsionar los hechos y dejar atrás la razón técnica para evaluar las decisiones de la Convención y su impacto en la inversión y el funcionamiento de la economía del país.
Las decisiones de la Convención que conocemos hasta ahora en materia económica son, sin duda alguna, lejos de tranquilizadoras o exentas de riesgo. Implican un cambio sustantivo y un deterioro relevante respecto de las reglas actuales. Ello por dos razones centrales. La primera, porque las instituciones económicas que se han propuesto son débiles y de peor entidad que las actuales. La segunda, porque esas reglas están insertas -además- en un sistema político institucional que le da o no viabilidad, y que a todas luces parece destinado a aumentar los costos de transacción y a deteriorar los incentivos para invertir y crear valor.
Respecto de las reglas económicas, el derecho de propiedad se debilita profundamente, pues en la expropiación no se repara el daño patrimonial, no se paga al contado ni en efectivo.
Se considera la idea ya debatida de “justo precio”. En lo relativo a pueblos indígenas, se establece la idea de restitución de una forma compleja, y con impactos en la propiedad y en la inversión. En materia medioambiental y de impacto en las comunidades, se establecen requisitos de aprobaciones locales que harán mucho más complejo invertir y generar valor con niveles razonables de certeza. Es verdad que en materia del Banco Central las noticias no son tan desalentadoras, pero el conjunto de las normas económicas en ningún caso permite afirmar que ellas den tranquilidad o sean favorables.
Respecto de la institucionalidad política, también tendrá un impacto negativo en el sistema económico. Un poder político con contrapesos muy débiles, un Congreso con un bicameralismo sólo aparente, una colección de sistemas judiciales que representan a distintas nacionalidades o grupos, una estructura territorial de gobiernos autónomos que no conversan naturalmente entre sí, la consagración de un Estado plurinacional, la prioridad estatal en muchos aspectos de la actividad económica, el debilitamiento de la iniciativa exclusiva presidencial, son ejemplos concretos de por qué sí hay que estar preocupados.
La incorporación del ministro Marcel al gabinete del Presidente Boric fue una señal de moderación y de espacio para incorporar razonabilidad y capacidad de persuasión al interior del gobierno. Sus declaraciones del fin de semana, lamentablemente, lo alejan de ese rol. (DF)
Ernesto Silva
