Desde la reforma de 2018, que instauró la gratuidad como pilar del financiamiento público, se ha reforzado una lógica de regulación estatal que, en lugar de articular el sistema, reduce la autonomía de las instituciones. Aranceles fijados, crecimiento de matrícula limitado y recursos restringidos a la docencia de pregrado han generado un grado creciente de rigidez operativa.
Este giro normativo ha estrechado los márgenes de acción institucional. Las universidades operan con presupuestos acotados, sin espacio real para planificar, innovar o fortalecer capacidades académicas. La gratuidad, convertida en fuente principal de ingresos, ha traído consigo uniformidad, desincentivando la diversificación y restringiendo la proyección estratégica del sistema.
Particularmente crítica es la situación de la investigación universitaria. Aunque los criterios de acreditación exigen altos estándares para acceder al tramo de “excelencia”, el financiamiento basal sigue siendo limitado. Los fondos de gratuidad no pueden destinarse a I+D, y los recursos de ANID, además de escasos, se concentran mayormente en unas pocas instituciones. Asimismo, las restricciones al copago —permitido solo en un reducido margen— dificultan la posibilidad de aplicar subsidios cruzados entre funciones. Se demanda así lo que estructuralmente no se financia, profundizando la insostenibilidad del sistema.
A esta paradoja se suma una característica peculiar del modelo chileno: la acreditación no solo tiene valor reputacional, sino que condiciona el financiamiento público disponible para cada institución. Las que obtienen menores evaluaciones —a menudo por limitaciones estructurales— reciben menos recursos, lo que les impide mejorar y refuerza las brechas que se desea superar. Un mecanismo circular que estratifica a las instituciones, sin ofrecerles medios para revertir su situación. Se instala así un inercia que se asemeja al estancamiento.
En este escenario, la propuesta del FES no ofrece una corrección de rumbo. Por el contrario, acentúa una lógica de rigidez y dependencia fiscal. Al eliminar el copago en los tramos superiores de ingreso y mantener las restricciones sobre precios y matrícula, se comprimen aún más las fuentes de financiamiento institucional. Adicionalmente, se crea un impuesto a los graduados cuya viabilidad técnica no ha sido suficientemente demostrada, con un costo fiscal cuyo respaldo presupuestario es ampliamente cuestionado. Lo que se presenta como una solución al problema del endeudamiento estudiantil, corre el riesgo de convertirse en una nueva fuente de debilitamiento institucional.
De ahí que la discusión no puede limitarse a los instrumentos de pago, sino que debe hacerse cargo de la arquitectura general del sistema. ¿Cómo se concilia la expansión universal del acceso con la sostenibilidad financiera y la autonomía institucional? ¿Qué mecanismos de financiamiento permiten compatibilizar equidad con diferenciación y pluralidad de funciones institucionales? ¿De qué manera pueden construirse trayectorias institucionales diversas que no sean penalizadas por un modelo único de excelencia?
De hecho, la experiencia comparada ofrece alternativas plausibles. Varios países han optado por esquemas mixtos de financiamiento, combinando recursos estatales y privados, aportes a la demanda y también a la oferta, mediante instrumentos como fondos basales, convenios de desempeño o fórmulas de distribución. Asimismo, el financiamiento estudiantil puede articularse a través de modelos híbridos, donde la gratuidad conviva con créditos contingentes al ingreso bien diseñados, copagos diferenciados y márgenes regulatorios que habiliten una mayor flexibilidad institucional.
En definitiva, la pregunta crucial no es únicamente quién paga o cuánto cuesta la educación superior, sino si acaso el sistema que hoy financiamos es capaz de impulsar un desarrollo académico pertinente, diverso y sustentable. Si —como parece ser el caso— el diseño muestra signos crecientes de disfuncionalidad, entonces el debate de fondo no puede postergarse. Se impone como una necesidad para devolver sentido, coherencia y dirección a la política pública del sector. (El Mercurio)
José Joaquín Brunner
UDP y UTA
Mario Alarcón
UDP
