Después que el pleno del Tribunal Constitucional decidió destituir a la senadora Isabel Allende (PS), la institucionalidad de Chile se vio fortalecida. La remoción surgió tras el requerimiento de diputados del Partido Republicano y de Chile Vamos, debido a la inconstitucionalidad flagrante de las acciones de la senadora en el intento de venta de su casa al Estado. La ley es clara y distinta en este punto. Como senadora no podía venderle su casa al Estado, ya que no podía celebrar contratos con éste. Como dijo Carlos Peña, en este caso triunfó de la ley por sobre la política. El Tribunal Constitucional hizo lo que debía, más allá de sus deseos personales, que frente a la ley hay que saber dejar de lado. Es importante tener en cuenta que los miembros del TC, son mayoritariamente de izquierda, por lo que es aún más valioso el fallo.
Hicieron lo que debían, lo correcto, aplicaron la ley. Ciertamente, y sin ninguna duda, la senadora faltó a la máxima ley de la República. Ella, expresamente no podía celebrar contratos con el Estado y lo hizo. No importa que diga que lo hizo “de buena fe”, no hay “buena fe” para violar la ley, menos siendo parlamentaria. “Nadie, ni siquiera el Rey está sobre la ley”. La ley se asume conocida, por lo que la “buena fe”, no cabe. El contrato se celebró aunque no hayan recibido el dinero. La falta se ejecutó y el TC falló en derecho, no desde las pasiones.
Claramente este triunfo de la ley es una esperanza en medio de la podredumbre de corrupción que hay en el país. La política ha mancillado la moral y la ley una y otra vez, por lo que esta acción del TC es un ejemplo de lo correcto por sobre lo que conviene. Esta recta acción deja en evidencia que la política, impidió la aprobación de la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández, por la misma causa y mismo delito. Fue una votación torcida, no correcta. Sabían que era ilegal, sabían que la Ministra había faltado a la ley y no les importó. En ese caso, triunfó la política por sobre la ley. No se hizo lo correcto, sino lo que les convenía.
Todos sabían que la acusación constitucional cumplía con todos los méritos, no la aprobaron por conveniencia política. Tras el fallo del TC queda en evidencia que muchos de los parlamentarios, parte del poder legislativo, es decir los que hacen y supuestamente defienden la ley, no les importa la ley. Se ponen a ellos mismos y sus intereses políticos por sobre el orden y la ley, por sobre el país y su institucionalidad. Es una vergüenza que sean parlamentarios y es importante que Chile y los chilenos lo sepan. Frente a la resolución del TC es esencial revisar quiénes votaron en contra de esa acusación que tenía todos los méritos. Hay responsabilidades individuales de esas personas en una falta flagrante contra la ley que juraron defender. La ministra Fernández debió ser inhabilitada por 5 años y la política de conveniencia, la salvó.
El Presidente de la República, quien con su falta de prolijidad y poca experiencia causó este problema, es el responsable final, fue él quien incitó faltar a la ley, violar la Constitución por “un gustito” personal. La ley se asume sabida, así que no hay excusa para él, ni para ninguno de los abogados que revisaron el contrato de compraventa que era abiertamente inconstitucional. Sabemos hoy, que se les alertó y siguieron con el proceso. Por tanto, es el Presidente el responsable de que la ministra de Defensa haya dejado su cargo aunque no fue inhabilitada con la acusación constitucional y es él el responsable de que la senadora Isabel Allende haya sido destituida. Hoy él escribe en X alabando la gestión anterior de la senadora, sin asumir que fue él el responsable que haya tenido que dejar su asiento en el senado de la república.
Isabel Allende, por su parte, al ser destituida declara que “la memoria del Presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla”. Claramente es una frase para no asumir la responsabilidad individual de ser responsable de su propia caída. No es más que una frase vacía que pretende desviar la atención al tema político y olvidar el tema legal. Ciertamente el gobierno de Gabriel Boric y la actitud de la familia Allende dañaron la línea de flotación de la memoria histórica de Salvador Allende. La falta de rigurosidad y cuidado, sumada al sentido mesiánico del que creen tener, los hizo actuar saltándose la ley y la institucionalidad, lo que les pasó la cuenta.
La vocera de gobierno, insiste en la postura de que la ley no es para ellos, planteando que “la destitución por parte del TC de una senadora democráticamente electa es un precedente grave”. Otra vez, desviar la atención de lo importante para llevarlo a lo político. Destituir a una senadora que falta a la ley y a la Constitución es “lo justo y necesario” para salvar la institucionalidad de Chile. Es extremadamente grave que la vocera de gobierno deslegitime el fallo de un tribunal de la República. En nuestro país y en democracia, existe el imperio de la ley y la igualdad ante la ley. Además, hay separación de poderes, por lo que este tipo de comentarios mancilla las instituciones y asume que la ley es para algunos, pero no para todos, ciertamente no para ellos.
Sin embargo, en relación a la semana pasada, hoy hay esperanzas, porque frente a la corrupción y el acomodo político de muchos, aún hay quienes, que a pesar de la adversidad, deciden hacer lo correcto. Hoy Chile es mejor que ayer. Los diputados que rechazaron la acusación constitucional debiesen tener vergüenza y le deben una explicación a la ciudadanía. A los chilenos, no olviden esos nombres y no voten por ellos. Esos diputados, ponen sus intereses personales e ideológicos por sobre los de Chile. Se ponen ellos por sobre los intereses de los chilenos. Se sirven a ellos mismos en vez de servir a otros. Son literalmente lo que algunos han llamado “la casta”, que vegeta y vive a costa de los ciudadanos. No estamos para mantener a quienes se sirven del Estado y mancillan la ley. (El Líbero)
Magdalena Merbilháa
