La Municipalidad de Lo Barnechea interpuso una querella por el uso de certificados falsificados que habrían servido para justificar pagos en un contrato de retiro de escombros adjudicado a la Constructora Río Grande Limitada por más de $900 millones.
El escrito, presentado la semana pasada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fue ingresado en representación del municipio por el abogado Felipe Alessandri. La investigación se abrió luego de que en julio la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) detectara irregularidades en los documentos entregados por la empresa, vinculados a un pago pendiente de casi $600 millones.
La compañía había ganado la licitación en mayo de 2024, con un contrato que ascendía a un máximo de 23.300 UF (unos $917 millones). Hasta ahora ya había recibido tres desembolsos por $302 millones, respaldados con certificados de disposición final de residuos y reportes de camiones que, según confirmó la firma Greenrec Lepanto, eran falsos y no correspondían a su formato oficial.
La DAF concluyó que no solo el cuarto pago estaba sustentado en documentos adulterados, sino también los tres ya efectuados. Además, advirtió que el inspector técnico del servicio municipal (ITS) aceptó un mismo documento dos veces para justificar pagos distintos, lo que derivó en su suspensión y en un sumario interno.
Otro hallazgo fue que Río Grande informó haber subcontratado parte del traslado de escombros, pese a que la Contraloría y la ley exigen respaldo formal para delegar funciones críticas en contratos públicos.
La querella apunta contra quienes resulten responsables por uso malicioso de instrumento público falso y posible estafa reiterada. Como parte de la indagatoria, la municipalidad pidió a la Fiscalía Local de Las Condes que se instruya a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI revisar el destino real de los residuos y verificar, mediante datos de las autopistas Costanera Norte y Central, si los camiones circularon por los pórticos de peaje en las fechas declaradas.
Desde la constructora, en respuesta a Radio Bío Bío, atribuyeron la falsificación a una empresa contratista, aunque sin aportar antecedentes que permitan identificarla. El municipio, en tanto, subrayó que los mecanismos de control interno permitieron detectar a tiempo las irregularidades y que ya en julio habían denunciado los hechos ante la fiscalía.
El Juzgado de Garantía acogió a trámite la querella, y el caso quedó en manos de la Fiscalía Local de Las Condes. (NP-GPT-Bio Bio)
