En su editorial de ayer sobre la reforma al sistema de indemnizaciones, «El Mercurio» constató las dudas que tendría el Gobierno para incluirla en su reforma laboral, debido a la eventual inviabilidad política que tendría en su tramitación. Fue esa misma razón la que habría pesado en la decisión del Ejecutivo para excluir la rebaja al impuesto corporativo de la reforma tributaria. Antes de ayer, la Comisión del Mercado Financiero (CMF) publicó un «White Paper» para iniciar la discusión regulatoria sobre las llamadas «fintech». Tal informe tuvo en consideración la experiencia internacional, el análisis experto y la mirada de las empresas del referido sector que interactúan a diario con la regulación actual, insumos que tantas veces brillan por su ausencia en nuestro proceso de diseño regulatorio. ¿Dónde estuvo el «White Paper» de la ley corta de Pesca o el de aquella que prescribe solo una manera posible de extraer la jibia? Menciono estos dos rasgos de nuestro proceso político-legislativo -las supuestas inviabilidades políticas ex ante y la ausencia de un trabajo prelegislativo institucionalizado- porque creo que representan sus principales falencias.
En efecto, me parece que una democracia vigorosa es aquella donde los distintos sectores hacen planteamientos de política pública combinando sus convicciones y visiones, el análisis experto, la cotidianidad de quienes interactúan con esas regulaciones y lo que muestra la evidencia internacional. Es también una donde gobierno y oposición socializan y explican sistemáticamente sus planteamientos frente a la ciudadanía, de manera que el debate público que se genera incida en el proceso legislativo. Es también aquella donde en este último se ceden posiciones para construir acuerdos, de lo que no se sigue que se deba renunciar a convicciones y posiciones, incluso antes de iniciar la discusión. Finalmente, una democracia moderna compatibiliza, por una parte, el irreemplazable rol de la política -desplegada en el proceso democrático y más específicamente en el Parlamento- para definir la orientación de las leyes que el país requiere; y, por la otra, el importante rol del análisis experto, la evidencia internacional y la opinión de los agentes involucrados para seleccionar el mejor instrumento y diseño regulatorio para llevar a la práctica tal objetivo político.
Cuando se reactive la discusión político-legislativa en marzo, sería positivo que se dieran señales políticas en el sentido expuesto. Por ejemplo, reequilibrando el debate tributario agregando instrumentos proinversión, dado el protagonismo que hoy observamos en aquellos prorrecaudación. O bien con una discusión laboral sin exclusión de temas que, como la reforma al sistema de indemnización por años de servicio, son esenciales para adaptar nuestro sistema laboral a la economía del siglo XXI, sin precarizar el empleo. La misma inspiración e integralidad debiera prevalecer en la reactivación de discusiones tan relevantes como la de pensiones y la del sistema de evaluación de impacto ambiental. De igual manera, y después de décadas formando parte de programas de gobierno (incluido el del Presidente Piñera), es muy importante que la agenda de modernización del Estado incluya una propuesta de mejora al proceso regulatorio en las etapas previas y posteriores al proceso legislativo (evaluación ex ante y ex post).
La creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas que dé lineamientos y asegure un estándar a este proceso es ya una cuestión urgente de abordar, de manera que la buena señal que se dio con el «White Paper» de la CMF sea la norma y no la excepción. De hecho, y para no ir tan lejos, ¿por qué no testear un proceso regulatorio de alto estándar en la discusión de la ley corta de Pesca? (El Mercurio)
Bernardo Larraín
Presidente Sofofa
