“La confesión en nuestro sistema judicial penal no tiene ningún valor en términos de poder usarse en definitiva en contra de la persona”.
Esta fue la respuesta que el fiscal nacional, Jorge Abbott, entregó tras ser consultado, durante una actividad en Puerto Montt, respecto a si era posible detener al líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul luego de que emitiera dichos reivindicando el robo de madera en la Macrozona Sur.
Mediante un video de su intervención en en el lanzamiento del libro “Chem ka Rakiduam (Acción y Pensamiento)”, realizado el 10 de junio pasado en el centro comunitario de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, el comunero afirmó que la organización que lidera robaba materia prima “para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”.
Sus palabras generaron polémica y motivaron a que diversos sectores políticos emplazaran al gobierno de Gabriel Boric a querellarse contra Llaitul por dicha situación. Sin embargo, el pasado martes 16 de agosto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, aseguró que lo declarado por el comunero “no es información nueva” y que estaba contemplado en la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado que anunciaron en su contra el 27 de julio pasado.
“En específico, cuando hay cualquier admisión por parte de estas personas de un ilícito, sin duda el Ministerio Público también, tal como lo hemos dicho de forma reiterada, tiene toda la libertad de actuar (…) esperamos efectivamente que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde para esto”, indicó en dicha ocasión la jefa de gabinete.
En ese sentido, el fiscal nacional sostuvo que para detener a una persona no basta con que se atribuya una conducta, sino que es necesario reunir los antecedentes que permitan acreditar el hecho.
“El Ministerio Público, en definitiva, tiene que reunir antecedentes adicionales, porque efectivamente el reconocimiento de un hecho, respecto de una persona, puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho y de la participación de la persona”, explicó Abbott.
Y aseguró que “no basta simplemente con que alguien se auto atribuya una conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización de una investigación que requiere muchos más antecedentes que esa simple declaración”.
Por otro lado, este jueves la ministra Siches dio a conocer que desde el gobierno habían tomado contacto con la Fiscalía para abordar la querella contra Llaitul. “He conversado con el fiscal nacional (Jorge Abbott) y nuestra jefa jurídica (Luppy Aguirre) se ha comunicado con el fiscal regional”, indicó al mediodía y complementó que “entendemos que el Ministerio Público tiene que cumplir con su labor y por parte de nuestro gobierno cuentan con toda la colaboración para ello”.
Justamente sobre la ampliación de la querella presentada por Interior, en tanto, el persecutor afirmó que se encuentran investigando y que están llevando a cabo “todas aquellas diligencias” solicitadas. Y sostuvo que “se ha encargado a la policía la realización de las mismas (las diligencias) y estamos a la espera del resultado de aquellas para ver el curso que va a tener esa investigación”.
En el mundo parlamentario no cayeron nada de bien las declaraciones de Abbott en torno a que no bastaba la confesión y la necesidad de mayores antecedentes.
El diputado de RN por La Araucanía, Miguel Mellado aseguró que “los abogados siempre dicen que a confesión de partes relevo de pruebas, pero parece que el Fiscal Nacional requiere que le firmen la carta dónde reconoce el robo de madera Héctor Llaitul y que compran armas y municiones”.
En ese sentido apuntó a que “creo que el Fiscal Nacional ya sabe que le quedan dos meses y quiere acelerar su ida, no está ni ahí (sic) con la justicia en el país y no está ni ahí (sic) con que se persiga a criminales y terroristas como Héctor Llaitul”.
“Lamento eso y quiero que el fiscal sepa bien que, dada su inacción, está produciendo un grave daño a la seguridad de la gente en la región de La Araucanía. Le tuvo miedo a Héctor Llaitul y a la CAM. Espero que se vaya rápido el Fiscal Nacional”, cerró.
El también representante en la Cámara Baja por la Novena Región, Mauricio Ojeda (Partido Republicano), también cuestionó los dichos del persecutor.
“Señor Abbott, el país entero fue testigo de que usted le pidió al Gobierno una acción para poder tomar cartas en el asunto. Hoy día, la responsabilidad de detener, atrapar y encarcelar al criminal más grande del que se tenga registro en Chile, en este momento, es suya. Usted tiene la pelota Fiscal Nacional”, indicó.
En tanto, el diputado DC, Eric Aedo expuso que “la violencia en la Macrozona Sur y el desparpajo de la CAM no pueden continuar. Más de 5 mil hectáreas de madera robada al año, 72 parques O’Higgins robados al año; 500 Parques Ecuador de Concepción robados al año. Un negocio ilegal de 100 millones de dólares que financia la violencia”.
“Por eso ante las declaraciones del Fiscal Nacional, le pido y le exijo a la Fiscalía y al Gobierno, en nombre de las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur, que actúen. A la Fiscalía que investigue hasta las últimas consecuencias, y al gobierno, que por fin se querella por Ley de Seguridad Interior del Estado para detener esta violencia y al cabecilla de esta violencia”, cerró.
VISIÓN DE LA CPC
Siguen las reacciones a las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, insinuando la participación de la agrupación en el delito de robo de madera.
“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo Mapuche. Y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”, aseguró Llaitul. Dichas declaraciones las emitió en una actividad en la comuna de Peñalolén el pasado 10 de junio y fueron dadas a conocer recién dos meses después.
Así, este jueves el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró que las palabras de Llaitul “invitan a cometer ciertos delitos. Y ese actuar es un hecho determinado constitutivo de delito de acuerdo a la Ley de Seguridad del Estado”.
“Es lo mismo que pasa con las amenazas, se puede dar la situación que una persona amenace en un sinfín de oportunidades, pero no por eso se debe renunciar a perseguir tales dichos si es que cada uno de ellos puede ser considerado como un delito de amenazas previsto en el Código Penal”, agregó el líder de los empresarios.
Sutil además afirmó que el no accionar criminalmente por las declaraciones de Llaitul, podría ser entendido como una decisión del Gobierno de “renunciar al ejercicio de su deber constitucional de velar por el orden público frente a la comisión de delitos también de orden público como es en este caso”.
“Es un gran problema cuando los países no saben qué hacer con terroristas, narcos y delincuentes. Eso puede terminar en sabotaje a buses, puentes o caminos, secuestros y muertes”, concluyó Sutil. (La Tercera)
