Parlamentarios y dirigentes de la Lista B del Partido de la Gente (PDG) cuestionaron la decisión del Tribunal Supremo de la colectividad, que declaró inválidas las elecciones internas realizadas el pasado 25 de abril y ordenó la realización de un nuevo proceso electoral.
El órgano partidario argumentó que la elección no cumplió con estándares mínimos de certeza jurídica, verificabilidad, trazabilidad y control documental. Además, detectó diferencias entre los votos consignados en algunas actas de escrutinio y las firmas registradas en los padrones electorales, junto con inconsistencias documentales en distintas mesas del país.
Mientras se repite el proceso, las actuales autoridades continuarán en sus cargos. De esta forma, Rodrigo Vattuone seguirá como presidente del partido y Franco Parisi mantendrá la vicepresidencia.
La resolución se produjo después de una elección en la que la Lista B, encabezada por Patricio Quisbert, obtuvo una amplia ventaja en los resultados preliminares, con 592 votos frente a los 78 sufragios conseguidos por la Lista A, liderada por Vattuone. En la nómina ganadora figuraban también los diputados Fabián Ossandón y Eileen Urqueta como candidatos a vicepresidentes nacionales.
Patricio Quisbert criticó la decisión del Tribunal Supremo y afirmó que existen serios problemas internos en esa instancia. A su juicio, invalidar una elección ya realizada y cuyo resultado fue respaldado por la militancia constituye un atentado a la democracia interna del partido.
En la misma línea, el diputado Fabián Ossandón sostuvo que parte del Tribunal Supremo provocó un grave daño al PDG y cuestionó la falta de una revisión exhaustiva del proceso. El parlamentario aseguró que la Lista B agotará todas las instancias disponibles para defender la voluntad expresada por los militantes en las urnas.
A través de un comunicado, la Lista B rechazó categóricamente la resolución y acusó una crisis de legitimidad institucional y jurídica. También cuestionó que la decisión haya sido adoptada por tres de los cinco integrantes del Tribunal Supremo, pese a la existencia de dos votos disidentes y solicitudes de inhabilidad pendientes contra algunos de sus miembros.
En su declaración, el sector advirtió que convocar a nuevas elecciones sin resolver estas controversias sería una señal negativa para la militancia y para la opinión pública. “La militancia merece respeto. Las reglas deben aplicarse igual para todos”, concluyó el documento. (NP-ChatGPT-La Tercera)