Este jueves, en medio de la polémica por las licencias médicas que más de 25 mil funcionarios públicos utilizaron para viajar al extranjero, los parlamentarios de RN, diputado Miguel Mellado y Carla Morales, enviaron un oficio a la contralora Dorothy Pérez para que instruya a todos los órganos del Estado que «retenga las renuncias», para evitar la «impunidad administrativa».
Desde que estalló el caso, el 20 de mayo, se han producido una serie de renuncias de funcionarios públicos, y varias de ellas han resultado mediáticas, como la del vicepresidente del Colmed, Iván Mendoza; la de Mauricio Tapia (FA), quien se desempeñaba como jefe de gabinete del seremi de Desarrollo Social de Magallanes, Danilo Mimica; de Carmen Monsalve, quien estaba en el cargo de intendenta de prestadores de Salud en la Superintendencia de Salud; y de Patricio Baronti, quien ejercía como gerente corporativo de personas de Metro de Santiago.
En este contexto, los parlamentarios afirman en el oficio a la contralora que esta serie de renuncias «que pudiese ser vista como un acto de reconocimiento o de justicia, supone una salida que permite evadir procedimientos sumariales y las consecuencias que supone una sanción, que llegan incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos».
«La aceptación sin más cuestionamiento de la renuncia de estos funcionarios importa, sin duda, una renuncia a perseguir responsabilidades desde el punto de vista administrativo, motivo por el cual aquella persona podría ejercer sin mayor inconveniente, tanto de manera inmediata o en el corto plazo, labores remuneradas al interior de otra dependencia de la Administración del Estado. No existe por tanto una posibilidad de la Administración de hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria del funcionario y de protegerse de un eventual retorno del mismo, salvo que se le condenare y se inhabilitare en sede penal», afirman.
ESTATUTO ADMINISTRATIVO
Los parlamentarios citan además el artículo 147 del el DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el que si bien señala que «la renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo», en su inciso final se expresa de manera clara que «si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine».
«De ahí que resulte necesario, en situaciones donde la autoridad se encuentra en conocimiento o contare con antecedentes serios acerca de irregularidades en el accionar de funcionarios públicos, que se niegue a dar curso a su renuncia e inicien los procedimientos disciplinarios, o incluso, aun cuando se hubiera presentado la renuncia del involucrado, procedan a iniciar el respectivo sumario dado que el propio artículo en comento establece que la renuncia “no producirá efecto, sino desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad», agregan.
En base a lo anterior, los parlamentarios afirman que la aceptación de la renuncia y eventualmente su tramitación total de «manera exprés» para evitar las consecuencias de procedimientos sumariales supone «una falta inaceptable de las jefaturas en los casos que hemos conocido de licencias médicas falsas o mal utilizadas. Teniendo a la vista la magnitud de las irregularidades denunciadas, y el tiempo con el que éstas fueron puestas en conocimiento de las jefaturas, es inaceptable que éstas no instruyeran los respectivos sumarios, reteniendo las renuncias».
Asimismo destacan que además las renuncias «permiten evadir medidas disciplinarias, huir de citaciones de comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados y reasumir funciones públicas en otras reparticiones».
Con aquello a la vista, los diputados solicitaron a la contralora que, en uso de facultades legales, vele por la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, «requiriendo información acerca de los sumarios instruidos por los jefes de los servicios -o a quien legalmente corresponda- a los que pertenecen los funcionarios públicos individualizados en el Informe Consolidado de Información Circularizada N°9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica; o de las renuncias presentadas y/o cursadas respecto de los mismos funcionarios».
«Asimismo, solicitamos instruya a todos los órganos de la Administración la retención de la renuncia de sujetos individualizados en el Informe Consolidado de Información Circularizada N°9 de 2025, de manera que de ser sancionados dicha circunstancia conste en su hoja de vida funcionaria y eventualmente se le impida ejercer labores en la Administración del Estado», cerraron.(Emol)
