El proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados avanza silenciosamente en el Congreso. Busca soluciones a problemas graves y desatendidos por muchos años, especialmente a la situación sin apoyo económico de incontables mujeres que han cuidado a sus hijos o padres o de quienes cuidan a personas discapacitadas o adultos mayores. Lo lamentable es que el gobierno frenteamplista, incapaz de resistir la tentación de querer modificar (transformar) la sociedad según sus premisas revolucionarias introduzca normas ideológicas en tal sentido.
Por un lado, el proyecto de ley agrega el principio de corresponsabilidad social: «se deberá promover una distribución equilibrada entre el Estado y toda la sociedad, especialmente las familias, los hogares, los privados, los profesionales y la comunidad en general, particularmente en las responsabilidades en materia de cuidados de niños, niñas, adolescentes y de personas con dependencia por motivos de salud, de curso de vida o de discapacidad. Para hacer efectivo este principio, el Estado tendrá el deber de educar a la sociedad en su conjunto en materia de cuidados». (literal e) del art. 5). Pero, ¿qué es una distribución equilibrada? ¿Quién lo decide? ¿El funcionario público de turno? ¿Cuáles son los criterios? La intervención estatal en la familia puede terminar siendo brutal. Es bastante preocupante… ¿qué implica, en el caso concreto, que el Estado sea responsable, como un igual respecto a los padres, en materia de cuidar a los hijos? El Estado está para ayudar a la familia, no para participar en las decisiones familiares.
Por otro lado, un segundo principio fuertemente ideológico es el de corresponsabilidad de género: «En razón de la desigual repartición de cargas de cuidados entre hombres y mujeres, se deberá promover la igualdad de género, especialmente en la distribución de responsabilidad en materia de cuidados de niños, niñas y adolescentes y personas con dependencia; y se procurará la recuperación del tiempo para las personas cuidadoras no remuneradas y la equiparación de la pérdida de ingresos económicos, especialmente en mujeres que se han dedicado al cuidado» (literal f) del art. 5). El problema es que el Estado fija una postura (la forma en que se deben cuidar a los hijos y la distribución del tiempo entre los padres) y se la impone a la familia, quitándole su autonomía. Esto permite al Estado, según el proyecto de ley, ocupar “instrumentos de medición del uso del tiempo” (art. 3), que permiten medir el tiempo que dedican hombres y mujeres al trabajo, cuidado de los hijos, ocio, estudio, etc., lo que plantea problemas respecto a la privacidad y autonomía de la familia y de sus integrantes, y el manejo y uso de la información obtenida que pueda darle el Estado, y no aclara si el uso de estos instrumentos será un requisito para acceder a los programas de cuidado.
Estos dos principios ya se enunciaban en la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, y en algunos casos con normas casi idénticas. El afán de que el Estado domine todo, partiendo por la base, la célula, la unidad indispensable de la sociedad, como lo es la familia, no ha desaparecido. La pulsión octubrista y su inagotable afán de hacer ingeniería social solo ha cambiado de fuente. Si antes pretendía refundar Chile, de un solo golpe, mediante una nueva Constitución, ahora busca lo mismo, de forma más gradual, infectando, como el peor cáncer, a la institución social que más ayuda requiere.
La derecha ha fallado hasta el momento en detectar y oponerse a la anulación absoluta del principio de subsidiariedad. Hay tiempo para rectificar y eliminar las manzanas podridas del proyecto de ley. (El Lïbero)
Roberto Astaburuaga
