El Diario Oficial publicó este miércoles la nueva Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas, normativa que entrega facultades legales a los establecimientos para implementar recursos tecnológicos de seguridad, como detectores de metales. La promulgación ocurre en un clima de alta sensibilidad pública tras el fatal ataque registrado en un instituto de Calama, hecho que aceleró la discusión sobre la protección de docentes y estudiantes dentro de los planteles.
El presidente José Antonio Kast destacó que la normativa responde a la necesidad de establecer espacios seguros, reconociendo que se aplicarán medidas que anteriormente generaban resistencia pero que hoy resultan indispensables. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que el Gobierno ya trabaja en los reglamentos técnicos que permitirán a los sostenedores agilizar la instalación de estos dispositivos, previa coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.
De acuerdo con el cuerpo legal, el uso de tecnología para la detección de armas o artefactos incendiarios deberá ser acordado con el Consejo Escolar o la comunidad educativa. Además, su implementación solo será procedente cuando existan antecedentes fundados que justifiquen la medida como proporcional y necesaria, siempre bajo el marco regulatorio de la ley de seguridad privada vigente en el país.
Más allá de la infraestructura de vigilancia, la ley establece una reforma integral que incluye la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa con una vigencia de ocho años. Entre los ejes principales destacan la instauración de coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva en colegios que reciben aportes estatales y el inicio de un programa de bienestar socioemocional, el cual ya se encuentra en fase piloto en diversos Servicios Locales de Educación Pública del país. (NP-Gemini-La Tercera-DO)