El Ejecutivo dejó escapar la oportunidad de liderar una reforma acotada al sistema político. Quizás, en el oficialismo estiman que el problema de gobernabilidad lo tendrá, nuevamente, la derecha. Lo cierto es que esta decisión configura un escenario en el que la oposición queda ahora con la iniciativa sobre esta materia. No es claro, sin embargo, que en ese sector político hayan aquilatado la trascendencia de este asunto.
El análisis político subyacente es bastante intuitivo. Si traemos a tiempo presente las preferencias presidenciales de los chilenos reportadas por las encuestas, un representante de la oposición debería llegar a La Moneda en los comicios de 2025. Ahora, si aspiran genuinamente al poder, es decir, a gobernar implementando un programa, la prioridad de las derechas debería ser consensuar ahora esa reforma puntual al sistema político. El objetivo: reducir la fragmentación del sistema de partidos e incentivar mayores niveles de cooperación.
¿Qué dispositivos podría contener este acuerdo? Ante todo, para ser viable, debe ser minimalista. En otras palabras, una ley corta sobre el sistema político. Dicho eso, y asumiendo que se mantendría el sistema de lista abierta para los comicios parlamentarios y los pactos, una opción es que los distritos que hoy distribuyen ocho escaños pasen a, por ejemplo, seis diputados como máximo. A partir de los resultados parlamentarios de 2021, diversos politólogos han demostrado que una magnitud de seis para los distritos más grandes tiene un efecto de llevar la cantidad de partidos a un número más razonable en comparación con la balcanización que se observa hoy. Otro elemento que aconseja esta corrección al sistema proporcional es la relación entre la magnitud distrital y la personalización: con listas abiertas, a medida que se incrementa la magnitud, aumenta el personalismo (Shugart et al., 2005). Retrospectivamente, los autores de la reforma electoral de 2015 no tuvieron eso a la vista. En ese mismo orden de ideas, es deseable que la competencia esté menos centrada en los extremos vociferantes. Esos mismos que ejercen capacidad de chantaje y además se toman otros espacios de la sociedad, a veces en desmedro de las mayorías.
Una alternativa largamente discutida es el establecimiento de un umbral, del cinco o cuatro por ciento. Si bien es poco compatible con las listas abiertas, la literatura comparada ha demostrado que pueden reducir la atomización.
Por otro lado, ya sabemos que la ley antidíscolos ha sido insuficiente. En ese sentido, para aumentar la cohesión de las bancadas y fomentar la acción colectiva en el Congreso, un aspecto sugerido por algunos especialistas apunta a que eventuales normas que conlleven la pérdida de escaños, también se apliquen a los independientes que pueden llevar los partidos en los pactos.
Para fomentar la capacidad de decisión en la tramitación legislativa, también hay microincentivos que fueron discutidos por la Comisión Experta. Dos en particular. Primero, la agenda presidencial prioritaria, donde el mandatario podrá llevar a votación una o algunas iniciativas dentro de un año calendario. Segundo, la conformación de comisiones bicamerales para “leyes periódicas”. Ello, a fin de facilitar la tramitación de esas normas.
Una ley corta no es por sí sola suficiente para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia. Por ejemplo, no inmuniza el sistema político frente al surgimiento de oposiciones semileales, como la que observamos hace casi cinco años. Constituye, sin embargo, una condición necesaria para producir gobiernos que respondan a las demandas de los ciudadanos.
Siguiendo un principio de realismo, es esperable que a medida que el calendario electoral se estreche, cualquier cambio a los incentivos electorales o institucionales se vuelva más improbable. Para mantener abierta una ventana de oportunidad, los liderazgos opositores deberán hacer concesiones al oficialismo en otros ámbitos. Si no priorizan una reforma acotada al sistema político ahora, una eventual victoria presidencial podría ser pírrica. Y es que, paradojalmente, a veces la genuina vocación de poder se demuestra renunciando a algo que se considera valioso. No entender lo anterior denotaría frivolidad política.
Andrés Dockendorff
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile
