Chile Vamos condiciona decisión sobre «3ra urna» por falta de garantías

Chile Vamos condiciona decisión sobre «3ra urna» por falta de garantías

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Hasta esta noche, los ministros Mario Fernández, Nicolás Eyzaguirre y Marcelo Díaz buscaban un entendimiento con los presidentes de los cuatro partidos de Chile Vamos para poder despachar de forma inmediata una ley corta que le permita al Servel corregir el padrón electoral antes de los comicios municipales de este domingo. La respuesta, sin embargo, no fue positiva y la oposición anunció que recién este lunes decidirá si apoya la propuesta de La Moneda.

La cita comenzó a las 18.30 en La Moneda y convocó a los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Felipe Kast (Evópoli); el senador Hernán Larraín (UDI) y Alejandra Bravo (PRI). También asistieron Patricio Santamaría, presidente del consejo directivo del Servel, y los consejeros Andrés Tagle y José Miguel Bulnes, para explicar en profundidad las dudas respecto del proyecto.

Tras la cita, Larraín cuestionó que se los obligue a tramitar un proyecto en 24 horas cuando la responsabilidad por el error en el padrón recae en el gobierno. Por lo mismo, emplazó a La Moneda a definir antes las responsabilidades políticas del caso e informar qué medidas tomaría.

Hasta horas antes de la reunión, en la oposición todavía primaba el escepticismo sobre la propuesta. Un punto que generaba particular preocupación era la posibilidad de doble votación por parte de los electores afectados. “Creemos que debe aumentarse el castigo o las penas en caso de producirse un doble voto. La multa no puede quedar al arbitrio de un juez. Debe haber un castigo ejemplar, porque los 541 días de pena siempre se convierten en pena remitida. Los diputados estamos disponibles a votar a favor en la medida en que se garantice que el proceso eleccionario será correcto”, señaló el jefe de la bancada de RN, Germán Becker.

El planteamiento de Becker se transformó en una de las condiciones consensuadas por los diputados de RN para entregarle un eventual apoyo a la iniciativa. Además de aumentar las penas, se exigía también que el Servel se comprometiera a redactar dentro de 60 días un informe con la revisión del total de las personas afectadas para finalmente denunciar el delito de doble voto ante la justicia.

“Mientras este gobierno no sea capaz de dilucidar el número exacto de las personas a las que se le cambió el domicilio sin consultarle, no puede pretender que aprobemos la ley, ya que me parece injusto que personas que cambiaron voluntariamente su domicilio electoral tengan el beneficio de votar en las dos direcciones. Debemos saber a quién va dirigida esa ley”, dijo Nicolás Monckeberg. Una aprensión que los timoneles también plantearon en la cita con los ministros.

Algunos parlamentarios de Chile Vamos e independientes también condicionaban su apoyo a la ley corta a una sanción en contra del director del Registro Civil, Luis Acevedo, y de su superior, la ministra de Justicia, Javiera Blanco. “Para sentarnos a conversar deben primero renunciar ambos”, afirmó el diputado Rojo Edwards, mientras que el ex DC René Saffirio manifestó que “la ministra de Justicia y el director del Registro Civil deben renunciar antes de debatir sobre la ley”.

QUORUM

La “ley corta” requiere para su aprobación 4/7 partes del Congreso -con sesiones de dos horas en ambas cámaras-, por lo que el Gobierno apuró las conversaciones con el conglomerado opositor con miras a impulsar la iniciativa.

“Hemos dicho este proyecto que este proyecto nos presenta dudas y quiero que las despejen”, aseguró el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, a la salida de la reunión, pidiendo “las cabezas” de quienes sean responsables del problema.

Para el timonel gremialista, en el proyecto del Gobierno “no hay garantía que las personas no vayan a votar dos veces”, lo que pone en un escenario peligroso la legitimidad de las elecciones, generando “hechos políticos muy negativos”

Larraín aseguró que aún no cuentan con la información suficiente como para poder tener una definición clara ante el proyecto y decidir si le darán el visto bueno.

Pero el principal reparo, añadió, es que aún no se han establecido las responsabilidades políticas por los errores, que ha generado un mediático enfrentamiento entre el Servicio Electoral y el Registro Civil que se han culpado mutuamente por este tema.

Asimismo, recordó que esta semana es distrital, es decir, los parlamentarios deben estar en las zonas que representan. Por ello, afirmó que “nos parece irresponsable” llevarlos de vuelta al Congreso para votar esta ley corta sin contar con toda la información necesaria.

Hernán Larraín calificó el problema como una “vergüenza republicana” y llamó a darle una pronta solución, sin postergarla en el tiempo. “Quieren pasar piolita y hacerse los locos con lo que ha pasado”, aseguró ante lo que calificó como una demora desde el Ejecutivo para resolver el asunto. (La Tercera-Bio Bio)

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