Este lunes se oficializó la publicación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, conocida como “Chile Cuida”, iniciando el conteo de seis meses para su implementación definitiva. La nueva normativa consagra el derecho al cuidado como un pilar fundamental de la protección social, reconociendo tres dimensiones clave: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado, los cuales deberán ser garantizados por el Estado de manera gradual.
La legislación identifica como beneficiarios directos a niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas con dependencia funcional. Asimismo, otorga reconocimiento jurídico a las personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas, estableciendo un marco de apoyo que busca reducir la carga de trabajo y mejorar el bienestar subjetivo de quienes ejercen estas labores de manera permanente.
Para la ejecución de estas políticas, se crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este organismo tendrá la misión de coordinar y fortalecer programas y servicios existentes a nivel nacional, promoviendo la autonomía personal y la vida independiente, al tiempo que busca prevenir la dependencia a través de intervenciones tempranas y servicios de apoyo específicos.
La ley mandata a todos los órganos del Estado, incluyendo gobiernos regionales y municipalidades, a incorporar los principios de este sistema en sus respectivas gestiones. En términos de infraestructura, el programa cuenta actualmente con 66 centros comunitarios de cuidados en todo el país, espacios destinados a talleres y acompañamiento técnico. El Ejecutivo proyecta que para marzo de 2026 un centenar de estos recintos estarán en proceso de habilitación.
Este avance legislativo representa uno de los últimos logros de la actual administración en materia de derechos sociales, instalando una estructura permanente que obliga al Estado a proveer servicios de asistencia a largo plazo. Con la entrada en vigencia de la ley, se espera que el diseño presupuestario de los próximos años deba ajustarse para cumplir con la cobertura nacional y la integración de los servicios públicos en esta red de protección. (NP-Gemini-La Tercera)