Cabe recordar que parlamentarios de oposición hicieron un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se declarara ilegal el artículo que permite el cultivo de cannabis para uso medicinal. Con todos los beneficios que una ley de esta naturaleza parece tener, en especial en la persecución patrimonial del crimen organizado, luego de la resolución de la instancia de control constitucional, se abre un flanco especialmente delicado para el acceso de cannabis en población infantil y adolescente, que ya exhibe los más altos índices en Latinoamérica en consumo de población escolar.
En efecto, la regulación que establece la ley aprobada, en relación con el uso medicinal de cannabis, prescinde de los procedimientos y acciones establecidas para cualquier medicamento sujeto al control del Instituto de Salud Pública. Más aún, solo limita la autorización para estos fines al uso de prescripción médica vía receta. Por cierto, una condición evidente para sostener esta medida es contar con un mecanismo eficaz de control que dé cuenta de la pertinencia estricta de la autorización.
No obstante, tanto el Ejecutivo como los parlamentarios conocieron la opinión del Colegio Médico, remitida al Tribunal Constitucional con ocasión del requerimiento, en orden a la imposibilidad de ejercer dicho monitoreo. El “Téngase presente” firmado por el doctor Meza, en representación de la institución, deja claras en los puntos 4 y 5 las razones técnicas de la objeción, señalando que la norma objeto del requerimiento dispone un procedimiento “abierto e impreciso en materia de prescripción médica”, el que puede derivar en abusos y en la generación de una oferta de marihuana que resultará difícil de fiscalizar en sede administrativa y, por cierto, compleja de perseguir penalmente. Al igual que lo opinado por diversas sociedades médicas, el artículo, en opinión del Colegio Médico, normaliza el consumo de cannabis, con un supuesto “uso medicinal” y no garantiza medidas de control, aumentando la disponibilidad para niños, niñas y adolescentes, lo que fomentará que el consumo se inicie a más temprana edad.
Es, sin duda, preocupante que la opinión del Colegio Médico, tan valorada en tiempos de pandemia, hoy día no sea escuchada y finalmente los elementos de la ley que pudieran ser valorables tengan como contrapartida hipotecar el futuro saludable de niños, jóvenes y adolescentes.
La niñez en nuestro país está pasando por una situación extraordinariamente crítica. Luego de la pandemia, más de 50 mil niños han sido excluidos del sistema escolar y cerca de 1,2 millones están en grave riesgo de ausentismo crónico. Asimismo, 14 mil niños esperan un cupo en materia de salud mental y 28 mil lo hacen en las listas de espera de “Mejor Niñez”.
El acceso de niños y jóvenes a benzodiacepinas nos muestra la fragilidad del ejercicio de fiscalización y control sanitario, incluso en un mercado extraordinariamente regulado como el de medicamentos. El consumo de alcohol y otras drogas está a la base del desarrollo de múltiples conductas problemáticas en la niñez y en la adolescencia, tales como el involucramiento delictivo en organizaciones criminales.
Las estadísticas de Carabineros son contundentes en señalar la participación de niños y jóvenes en delitos violentos, donde el común denominador es el acceso a drogas como la marihuana. De allí que es preocupante que no obstante la sólida evidencia existente, tanto nacional como de organismos internacionales como Naciones Unidas, venga precisamente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito la promoción de una medida de esta naturaleza, conociendo fehacientemente la imposibilidad de ejercer un control efectivo y las consecuencias que va a tener para el desarrollo positivo de la niñez. (El Mercurio)
Marcelo Sánchez Ahumada
Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
Ximena Ossandón Irarrázabal
Diputada de la República
