Notable es que en los últimos 30 días el Congreso despache dos leyes importantes para modernizar la institucionalidad del Estado: el estatuto migratorio y la ley sobre el sistema para gestión de desastres naturales. Ambas legislaciones crean una nueva orgánica y servicios públicos robustos, de mayor jerarquía, que sustituyen a la Onemi y al Departamento de Extranjería.
Lamentablemente, la tramitación de las iniciativas demoró entre 10 y 8 años para reemplazar legislaciones de 45 o más años atrás
Subsiste el marasmo de las autoridades en temas de interés para la seguridad y soberanía nacional. Es el caso de la institucionalidad sobre ciberseguridad, que requiere de una agencia especializada, hoy inexistente, con un responsable, medios y facultades para prevenir y responder a los ataques cada vez más frecuentes, de alto riesgo para la continuidad de servicios del Estado y protección de su información sensible y de fraudes.
Por años se anticipa un proyecto de ley marco sobre seguridad e infraestructura crítica de la información, aún no presentado, y está pendiente, desde marzo de 2020, el nombramiento de un nuevo delegado presidencial para coordinar con los sectores público y privado acciones y políticas públicas en estas materias.
Son innumerables los ciberataques que han pretendido, y a veces logran, interrumpir servicios, desestabilizar gobiernos, alterar elecciones, sustraer informaciones reservadas que ponen en riesgo la soberanía, la seguridad nacional, el patrimonio fiscal y los derechos de las personas.
La demora gubernamental para modernizar la protección cibernética que corresponde al Estado se contrapone a la prontitud de la ley que estableció severas obligaciones a las empresas, sus directores y ejecutivos por sus responsabilidades en velar por la ciberseguridad.
Otro caso de inmovilismo modernizador, vinculado a la soberanía nacional, es la demora del Gobierno para crear una Agencia para la Defensa del Estado ante Tribunales Extranjeros. Se cuenta con una ley habilitante, del gobierno anterior, y con la propuesta de una comisión de juristas nombrada por el ministro de Justicia. La judicialización de los temas internacionales que comprometen el patrimonio del Estado y la soberanía nacional se multiplica, y Chile carece de institucionalidad para abordarla. La propuesta involucró meses de trabajo y ni siquiera los comisionados han sido informados de su suerte.
Probablemente, si se hubiese tratado de leyes con beneficios electorales, su propuesta y aprobación tomarían solo meses. Mientras tanto, algunos parlamentarios disponen de tiempo para presentar iniciativas de menor trascendencia, como una del mes pasado, sobre la contaminación ambiental por colillas de cigarrillos. (El Mercurio)
Hernán Felipe Errázuriz
