Como ejemplo, el reglamento que regula la clasificación de ecosistemas y la elaboración de planes de manejo para ecosistemas amenazados contempla la creación de un comité asesor, compuesto por 10 representantes de ministerios y servicios; cinco de centros de investigación ambiental; cinco de ONGs ambientalistas; tres de la Academia de Ciencias; cinco de instituciones de educación superior; pero no incluye a ningún representante del sector privado, los gremios o el mundo de los trabajadores. Este desequilibrio en cuanto a la composición de esta instancia revela los peligros que podría traer esta ley y sus reglamentos para muchos sectores productivos, y también nos invita a cuestionarnos si es correcta la gran incidencia que están teniendo estas ONGs ambientalistas, de opaco financiamiento en las políticas públicas nacionales.
Es momento de encender las alertas e investigar a fondo el “legado” regulatorio que está dejando el gobierno saliente. (El Mercurio Cartas)
Juan Pablo Swett
Presidente Multigremial Nacional
