El pasado 25 de junio, el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario, junto a otros cuatro parlamentarios -uno de su partido y tres republicanos- presentó un proyecto de ley destinado a modificar el artículo 119 del Código Sanitario, que regula la Ley N.º 21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo por tres causales (la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón retiró su firma al conocer la redacción definitiva del proyecto).

Formalmente, la propuesta busca ofrecer a la mujer que va a someterse a una interrupción del embarazo, en el marco que establece la Ley, la posibilidad de escuchar los latidos de la actividad cardíaca embrionaria o fetal cuando estos sean detectables. Presentado así, podría parecer una simple norma sobre consentimiento informado. Sin embargo, el proyecto añade otra disposición: si la mujer se niega a escuchar esos latidos, el médico deberá abstenerse de practicar la intervención. Se trata en consecuencia de una ley que, de ser aprobada, obligaría a las mujeres a escuchar: una forma de castigo sicológico nada sutil a aquellas mujeres que se encuentren en la necesidad de recurrir a ese procedimiento establecido en una Ley aprobada en Chile siguiendo todos los procedimientos de nuestra institucionalidad democrática.  

La iniciativa no puede sino entenderse como un desafío del Partido Nacional Libertario a José Antonio Kast, que aseguró, durante la campaña y luego una vez ya instalado como Presidente, que no abordaría temas considerados valóricos durante el ejercicio de su mandato (lo que llena de significados la firma de tres republicanos al pie del proyecto). Los objetivos del desafío son evidentes: llevar agua al molino electoral de la campaña presidencial del líder libertario Johannes Kaiser -iniciada el día mismo que decidió no integrarse al gobierno de Kast- atrayendo los votos y las voluntades de aquellas personas que consideran que sus valores deben ser impuestos a todo trance en la sociedad, por encima o sin consideración de los valores de los demás. Porque los argumentos jurídicos y psicológicos que se han esgrimido para defender el proyecto no resisten análisis y su única explicación es aquella que el propio Urruticoechea ha declarado al manifestar que esperaba que el proyecto contribuyera a disminuir el número de abortos practicados bajo las tres causales.

¿Por qué esa necesidad de castigar a mujeres que recurren a un procedimiento autorizado por nuestra legislación? ¿Por qué ese impulso, que no se puede calificar sino como instintivo, a imponer sus valores sobre los demás?

Como hasta ahora quienes se oponen a la Ley tienden a mostrarse comprensivos con dos de las tres causales -la inviabilidad del feto y el peligro para la vida de la madre- se debe suponer que lo que provoca más resquemor es la tercera causal, esto es que la concepción se haya originado en una violación. Y se debe asumir que quienes sustentan ese resquemor suponen algún grado de culpabilidad de las mujeres afectadas por la situación que las aqueja. Esa idea, que lleva a criticar la forma de vestir, de expresarse o de vivir de una mujer -esto es de comportarse con la misma libertad de cualquier hombre- por considerarla “provocativa”, encontró una formulación brutal  en las palabras del propio diputado Urruticoechea el 28 de septiembre de 2022 cuando, alegando en favor del proyecto de ley que él mismo presentó entonces para derogar la Ley por completo (y endurecer las sanciones penales asociadas al aborto), señaló: «Una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola, ni física ni moralmente».

No es difícil suponer que, si alguien opina de esa manera, sienta también la necesidad de imponer sus valores sobre el resto de la sociedad sin parar mientes en los valores de los demás. El fenómeno sirve para comprender la concepción de democracia del diputado Urruticoechea y probablemente de su partido.

Isaiah Berlin sostuvo que una de las grandes tragedias de la condición humana consiste en que existen valores auténticos que pueden entrar en conflicto sin que uno de ellos sea necesariamente superior al otro. Libertad, igualdad, justicia, compasión o seguridad pueden chocar entre sí, y la política democrática existe precisamente para administrar esos conflictos sin que una concepción moral pretenda aniquilar a las demás. El pluralismo no exige renunciar a las propias convicciones; exige reconocer que quienes sostienen convicciones distintas poseen la misma dignidad y el mismo derecho a participar en la construcción de las reglas comunes.

Esto ocurre en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, en donde confluyen dos derechos que pueden entrar en tensión. De una parte, el derecho a la vida, que algunos sostienen existe desde la fecundación. De otra, el derecho de toda mujer, como cualquier ser humano, a decidir sobre su propio cuerpo. Ambos son derechos humanos. Ninguno puede ser descartado como ilegítimo. La cuestión consiste en determinar cómo convivir cuando ambos derechos parecen entrar en conflicto. Si cada parte considera que sólo su valor merece protección y se niega siquiera a reconocer la legitimidad moral del otro, el desacuerdo se vuelve insoluble. Para superar esas situaciones es que, precisamente, existe la democracia.

Chile logró construir democráticamente una respuesta institucional a este dilema mediante la Ley N.º 21.030. Nadie obtuvo todo cuanto pretendía. Quienes defendían una despenalización amplia aceptaron un marco restringido de tres causales. Quienes rechazaban cualquier interrupción del embarazo debieron aceptar excepciones cuidadosamente delimitadas. No fue una victoria absoluta de nadie sino el resultado, quizás imperfecto pero profundamente democrático, del diálogo político.

Naturalmente, ese acuerdo puede modificarse algún día. Las sociedades evolucionan y también evolucionan sus consensos. Quizás en algunas décadas Chile amplíe esas causales; quizás las restrinja. Pero ello deberá ser fruto de nuevos acuerdos democráticos, no del intento permanente de hacer impracticable una ley vigente mediante mecanismos concebidos para culpabilizar, presionar o castigar a quienes recurren a ella.

Por ello, el verdadero problema que plantea el proyecto del diputado Urruticoechea no es que pretenda reabrir un debate legítimo. Toda ley puede ser discutida y eventualmente modificada. Lo preocupante es la concepción de la democracia que parece inspirarlo: aquella según la cual, cuando el resultado del diálogo democrático no coincide con las propias convicciones, corresponde buscar mecanismos para imponerlas de todos modos. Esa no es la lógica de una sociedad pluralista. Es, precisamente, la negación del pluralismo que hace posible la democracia. (El Líbero)

Álvaro Briones