La esencia de la “nueva” propuesta de Gabriel Boric sigue siendo desviar el 100% de las nuevas cotizaciones que extraería a los empleos con seguridad social hacia una bolsa común. Desde allí sacaría subsidios inmediatos.
El principal subsidio sería para los de 65 y más. Este grupo ya recibe dos pensiones: el subsidio Aporte Previsional Solidario, que empieza en $176 mil, y la pensión contributiva, que devuelve lo que cada uno cotizó más intereses. Más del 80% de este grupo no paga arriendo, gracias a subsidios de vivienda previos (Casen). Durante 2020-21 el subsidio para quien no cotizó nada subió 50% real. Un efecto fue elevar la relación entre la parte subsidiada de la pensión para quien no cotizó nada y el ingreso laboral promedio de los ocupados (según ESI 2019 y 2020). En esa relación, Chile ya pasó desde la posición 25° hasta la posición 11° entre 36 países OCDE. Según las encuestas EPF la tercera edad chilena ya tiene, con el nivel actual de subsidios, un nivel de vida superior al de personas de 30 a 59 años, comparando decil con decil.
Por encima de lo anterior vendría el nuevo subsidio de Boric. Empezaría en $49 mil/mes para quien no cotizó nada. A medida que posea una mayor pensión contributiva, mayor sería su nuevo subsidio, llegando el incremento a $225 mil para la franja del 90% más rico. Tal cual. Insólito e indefendible. ¡Qué injusticia con los chilenos de 30 a 59 con empleo formal, cuyo nuevo tributo de seis puntos de cotización captado por la bolsa común financiaría esto!
Afirma que el flujo de ahorro previsional (10% de la masa salarial) no caería, ya que solo gastarían los seis puntos nuevos de cotización. Incorrecto. Cuando los trabajadores formales sacrifican 16% del sueldo bruto, en vez de 10%, su ahorro voluntario queda por debajo de lo que habría sido. El ahorro total disminuiría.
Propone que la administración de lo acumulado con 10 puntos de toda nueva cotización esté en manos de un monopolio estatal (el “ente”). Gestionaría fondos por 80%-120% del PIB en el largo plazo. Tendría gran poder monopólico: podría fijar los precios a muchos activos chilenos y quizá el tipo de cambio. ¿Podría el ente diluir su poder subcontratando la gestión financiera a múltiples privados? Cuidado. Es difícil impedir entendimientos donde los gestores delegados consultan en privado con consejeros del ente cada préstamo a cada empresa privada o entidad pública, con el fin de elevar su chance de renovar sus contratos de gestión.
La experiencia de Filipinas con su EPF monopólico es de politización de la gestión de inversiones. El fondo canadiense no es comparable porque el Estado garantiza la cuantía de las pensiones (beneficio definido). El tesoro canadiense es el acreedor residual. Además sus inversiones dentro de Canadá no pasan del 5% del PIB. Lo contrario de invertir casi todo el fondo en Chile, como postula.
Afirma que la rentabilidad que el ente acreditaría a los registros individuales vendría en dos tercios del ahorro financiero y en un tercio del “crecimiento de la productividad del trabajo”. Pero acreditar eso garantiza la inestabilidad financiera del sistema. Una ilustración, sacada de la experiencia sueca: en las recesiones, la “productividad promedio” de los ocupados crece, porque los de menores sueldos pierden empleo en mayor proporción. Eso obligaría a acreditar más interés a los registros y, más adelante, a gastar más en pensiones. Pero la recaudación de cotizaciones cae, porque hay menos empleo. Cae el activo y sube el pasivo, cayendo en insolvencia.
Más de fondo, ante los grandes riesgos acumulativos que todo sistema sufre, Boric encargaría la tarea de asignar enormes pérdidas y ganancias a la discreción de consejeros designados por los partidos. La OCDE busca en la dirección opuesta: idear reglas que permitan absorberlas de modo automático, al menos en parte.
Permitiría que las AFP gestionen los saldos existentes, o sea, que coexistan con el ente por 40 años. ¿Qué ocurrirá cuando la rentabilidad lograda exceda a la que obtiene el ente? Ante pérdidas de confianza en el ente por parte de bloques grandes de afiliados, lo justo sería permitir regresar a las AFP, devolviendo el ahorro original y también el acumulado entremedio. Pero, como el ente ya habría gastado un tercio en subsidios inmediatos, no podría responder. ¿Más costo fiscal? (El Mercurio)
Salvador Valdés P.
