En la década pasada la izquierda fue capaz de instalar con éxito entre nosotros unos relatos extraordinariamente corrosivos que influyeron decisivamente en el devenir de la política chilena de esos años. Se tradujeron en consignas de alto impacto, creídas por millones de chilenos, cuya falsedad el tiempo se encargaría de poner de manifiesto como suele hacerlo indefectiblemente con asertos que carecen de toda veracidad.

“Nunca estuve de acuerdo con la mentira de que las AFP se roban los fondos de los trabajadores” confesaba en 2014 el ahora decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche. La estafa Ponzi y el “robo legalizado” de los que entonces se acusaba a las AFP eran, efectivamente, falaces. Pero no era una falacia cualquiera. Difundida por años, incluso desde los hemiciclos del Congreso, tuvo efectos relevantes y duraderos que, entre otras consecuencias nefastas, produjo una demora de diez años en la aprobación de las reformas que requería el sistema de pensiones, para no hablar del golpe de gracia que algo así -ni más ni menos que el desfalco de las cuentas de ahorro previsionales- propina a la confianza en las instituciones.

Similarmente, en esos años se acuñó el ingenioso concepto de “la Constitución tramposa”, una que al decir de Fernando Atria impedía que “un programa como el de la Nueva Mayoría pudiera ser realizado” (La Tercera, octubre 2014). Es difícil exagerar el efecto particularmente pernicioso que una noción semejante tiene sobre la sociedad -si es que una parte relevante de ella la cree a pie juntillas-. El paso siguiente, no podía ser de otra forma, era la organización de una Asamblea Constituyente para reemplazarla con la mayor celeridad. Notablemente, se trata de la misma Carta Fundamental que nos ha estado rigiendo a los chilenos desde que la promulgara el Presidente Ricardo Lagos en 2005 sin que ninguno de los problemas que aquejan al país a sus ciudadanos, entre ellos la falta de dinamismo de la economía y la creciente inseguridad, puedan atribuirse al texto constitucional o a disposiciones constitucionales que inhiban la aprobación de los marcos normativos para enfrentarlos oportunamente. Como se sabe, en sendos plebiscitos una mayoría de electores eligió mantener la vigencia de la Constitución que nos rige desde hace dos décadas, sin que se advierta la trampa que, en su momento, se decía, el texto constitucional le tendía a los gobernados por sus disposiciones y preceptos.

Dos nuevas consignas, del tenor de las anteriores, vienen siendo instaladas por la oposición -desde que el progresismo y la izquierda ejercen como tal-: que el gobierno del Presidente Kast es de extrema derecha y que la reforma económica, a punto de ser promulgada, privilegia a los sectores acomodados de la sociedad, es decir, derechamente a los ricos. Como los referidos más arriba, la veracidad de estos relatos no resiste un análisis riguroso y, similarmente, arriesgan a convertirse más bien en obstáculos insalvables para alcanzar los acuerdos políticos que la situación de la economía y de la seguridad ciudadana demandan con urgencia.

Si desde el progresismo se tiene la convicción que se está ante un gobierno de extrema derecha, como la tenía en su tiempo respecto a la “Constitución tramposa”, es inevitable que el espacio para la negociación política se reduzca drásticamente. Ningún progresista querría negociar con un gobierno de ese tinte las cuestiones más trascendentales de nuestro desarrollo que asoman en el horizonte político. Si además, está convencido que la reforma económica beneficia a los grupos más acomodados de país -como antes lo estuvo del “robo legalizado de las AFP”- el acuerdo político entre el gobierno y la oposición se vuelve simplemente inviable.

La lección que debiera haberse aprendido de la década pasada es el enorme costo social que producen las consignas corrosivas -cuya falsedad queda al descubierto tardíamente-, cuando se difunden en la sociedad por la vía rápida de las redes sociales, y que devienen en obstáculos casi insalvables para la negociación democrática, cuando no se transforman en factores que impulsan la agitación social. Después de todo, la Constitución y las AFP, el blanco de las consignas de la década pasada, se mantienen incólumes después de ser objeto de la deliberación democrática a que dieron lugar los plebiscitos constitucionales y la reforma previsional, respectivamente. Pero, entretanto, el tiempo perdido nos ha costado el estancamiento secular que se prolonga por más de una década. (El Líbero)

Claudio Hohmann