El presidente Kast demostró ser sumamente hábil durante su cadena nacional de la semana pasada. En una maniobra de notable contención, evitó desgastarse en triunfalismos respecto al término del trámite legislativo de la Megarreforma, aun cuando, tenía razones de sobra para la celebración.

En un lapso sorprendentemente breve, y abarcando más del 90% del articulado original tras modificaciones marginales, el Ejecutivo logró los cambios más relevantes al modelo económico chileno desde el retorno a la democracia. Este triunfo se sostuvo sobre la base de negociar exclusivamente dos proyectos de ley con el PDG.

Sin embargo, en el centro de esta victoria habitaba un elefante en la cristalería. La Megarreforma careció siempre de popularidad, instalándose de manera persistente la idea de que su diseño beneficia de manera asimétrica a un sector de la sociedad. Esta desconexión es, muy probablemente, una de las variables que explican la desaprobación que arrastra su administración.

Enfrentado a este déficit de legitimidad y con la imperiosa necesidad de buscar una reconexión con las prioridades sociales, Kast ejecutó un giro en su alocución. La mayor parte de su tiempo estuvo enfocada en la nueva agenda que realmente desea instalar: la seguridad.

No obstante, este territorio constituye otro flanco abierto para el presidente, pues las personas mantienen una postura crítica sobre lo que se ha hecho en esta materia. Existe una profunda disonancia entre las cifras que presenta el Ejecutivo y el termómetro de la calle. Estas no logran permear la percepción de vulnerabilidad.

El cambio hacia la seguridad y al orden público obedece a un imperativo. Este eje no solo fue el pilar central de su campaña —construido haciendo un contraste permanente con lo realizado por el expresidente Gabriel Boric—, sino que, por otro lado, es un tema que históricamente ha sido bien abordado por las derechas, o que al menos les resulta un hábitat más amable.

Existe, en el fondo, una necesidad vital de reconectar con la ciudadanía, haciéndose cargo de una promesa sobre la cual existe la sensación de que no se está cumpliendo.

Desde una perspectiva estratégica, este puede ser el punto de inflexión del gobierno, si es capaz de concretar cuestiones básicas. Si las vicisitudes incontrolables de la agenda diaria no los hacen pasar apuros, lo que pueden lograr es la reconstrucción de lo perdido.

Para las izquierdas, este escenario representa la pesadilla perfecta, para su ya precaria situación actual. Y es que, más allá de cualquier argumento técnico que puedan esgrimir, en esta ocasión la oposición simplemente no tiene espacios para restarse del debate.

Este escenario se explica por tres factores fundamentales. En primer lugar, porque el tema goza de una popularidad avasalladora. Vivimos un momento donde la sociedad civil roza la fatiga democrática: las personas hoy podrían estar dispuestas a ceder en sus derechos y garantías, tanto individuales como colectivas, a cambio de experimentar una mayor sensación de seguridad.

Este ha sido por meses el asunto más importante en las encuestas, y la ciudadanía advierte con frustración que, pese a que se han aprobado decenas de leyes en el Congreeso, el esfuerzo no parece ser suficiente.

En segundo lugar, el peso de la historia reciente opera como un ancla. La gestión de Boric sigue acarreando el estigma de que no le tomaron el suficiente peso al tema de la seguridad a tiempo, una narrativa que hoy se encuentra profundamente enquistada en el inconsciente colectivo.

Esto genera incentivos para que las derechas instalen el debate en términos estrictamente binarios y morales: se está con quienes defienden a las víctimas, o con quienes obstaculizan la agenda de seguridad.

En tercer lugar, opera la cruda matemática: la oposición no tiene los votos para influir decisivamente en el debate. La comprobación empírica de esta precariedad la tienen a la vista, durante el reciente trámite de la Megarreforma. Y si bien en aquella oportunidad al menos el relato ideológico los acompañaba, hoy carecen incluso de esa trinchera.

La contundencia de estos tres argumentos debería ser suficiente para que las izquierdas comprendan que esta vez deben abordar el escenario de una manera en la que, aun asumiendo sus diferencias internas, logren no mantenerse al margen de la discusión.

Sabemos que existirá la tentación permanente, por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio de marcar sus diferencias identitarias. Sin embargo, el costo que puede llegar a pagar la izquierda moderada por esa fractura puede ser altísimo, pues la opinión pública será implacable con quienes perciba como un obstáculo para el orden.

El oficialismo está plenamente consciente de esto e intentará sacar ventaja, con el doble objetivo de mostrar sus propias diferencias con las izquierdas y, simultáneamente, dividirlas.

Es así como el margen es dramáticamente estrecho. La única salida viable para no ser arrinconados contra las cuerdas es ejercer una oposición que vaya desde lo político a lo técnico. Se trata de una tarea compleja cuando el tema corre el constante riesgo de ser debatido desde lo visceral.

La disputa política tendrá que centrarse en los detalles de los proyectos, pero no en negarse o evitar plegarse a ellos de forma general. Lograr este equilibrio requiere de una solidaridad y de una altura de miras de la que parte de la oposición de izquierdas hoy carece. (Ex Ante)

Ignacio Imas