La Contraloría General de la República acreditó la responsabilidad administrativa de la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), en relación con siete cargos formulados en su contra. La resolución surge de un sumario administrativo iniciado por la millonaria compra de un terreno para edificar un Centro de Salud Familiar (Cesfam), un caso que levantó sospechas de probidad tras una denuncia de concejales en 2023.
GRAVES FALTAS A LA PROBIDAD Y SOBREPRECIO
El informe de la Contraloría, al que accedió La Tercera, detalla graves faltas a la probidad administrativa y al cumplimiento de la normativa. Entre las principales irregularidades detectadas en la compra del paño de 5.315 metros cuadrados por 353.956 UF se encuentran:
Omisión de Mecanismos de Compra: El municipio omitió el uso de mecanismos obligatorios como la propuesta pública o la licitación privada, contraviniendo el principio de probidad.
Omisión de Tasaciones: La Municipalidad no realizó las tasaciones respectivas por profesionales especializados o entidades financieras para determinar el «justo precio», vulnerando la jurisprudencia de Contraloría y arriesgando el patrimonio municipal.
Discrepancias en el Precio: Se verificaron discrepancias en el precio pagado por metro cuadrado. Por ejemplo, por una propiedad se pagaron 24.280 UF (más de $852 millones), cuando lo acordado en la promesa de cesión indicaba que el precio debía ser equivalente a 14.688,28 UF (aproximadamente $514 millones), implicando un sobreprecio.
Opacidad en la Aprobación: Al Concejo Municipal se le omitió inicialmente la individualización de los inmuebles, limitándose a informar el metraje requerido y el monto total en UTM a invertir.
SANCIONES PROPUESTAS A FUNCIONARIOS
La Contraloría determinó la responsabilidad de Peñaloza en su calidad de máxima autoridad edilicia de la época. Además, el sumario propuso la drástica medida disciplinaria de destitución para el exdirector de Control, Eduardo Antonio López Arriagada, a quien se le formuló el cargo de haber ordenado la adulteración de un instrumento público, lo que constituye una «grave transgresión al principio de probidad administrativa».
Adicionalmente, se formularon cargos y se propuso la suspensión temporal de su empleo a otros diez funcionarios, incluidos el alcalde subrogante Juan Jaramillo y el director jurídico Héctor Navarrete, con suspensiones que varían de tres meses con goce parcial de remuneración. (NP-Gemini-La Tercera)
