Tres concejales de la comuna de Las Condes presentaron un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana con el objetivo de que se determine una eventual inhabilidad de la exalcaldesa Daniela Peñaloza para ejercer cargos públicos durante cinco años, a raíz de presuntas irregularidades detectadas durante su administración.
La acción fue impulsada por los concejales Richard Kouyoumdjian, Nayati Mahmoud y Leonardo Prat, quienes habían anticipado semanas atrás su intención de acudir a la justicia electoral para perseguir responsabilidades derivadas de antecedentes observados por organismos fiscalizadores.
Según el escrito ingresado al tribunal, los requirentes sostienen que la exjefa comunal habría incurrido en conductas constitutivas de notable abandono de deberes, faltas graves a la probidad administrativa e incumplimientos de obligaciones propias de su cargo. De manera subsidiaria, solicitan que se aplique cualquier otra sanción que resulte procedente conforme a la legislación vigente.
La presentación tiene como antecedente una investigación administrativa relacionada con la adquisición de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) durante la gestión de Peñaloza. Dicho proceso concluyó con observaciones de la Contraloría General de la República respecto de la operación, incluyendo cuestionamientos vinculados a eventuales sobreprecios y a la entrega de información al concejo municipal.
Los concejales argumentan que las responsabilidades administrativas determinadas por los organismos competentes deben ser revisadas por la justicia electoral, aun cuando la exautoridad ya no ejerza funciones municipales. A su juicio, el término de un mandato no puede impedir que se establezcan eventuales responsabilidades derivadas de actos ocurridos durante el desempeño del cargo.
Desde los impulsores de la acción judicial se enfatizó la necesidad de agotar todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones, señalando que la transparencia y la probidad son elementos fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El requerimiento, acompañado de antecedentes y documentación recopilada durante las investigaciones previas, ya fue recepcionado por el Tribunal Electoral Regional. Ahora corresponde que la instancia evalúe su admisibilidad y determine el inicio de la tramitación correspondiente.
La presentación abre un nuevo capítulo en las controversias que han marcado la gestión municipal anterior en Las Condes y mantiene el foco sobre las investigaciones relacionadas con decisiones administrativas adoptadas durante ese período. (NP-ChatGPT-La Tercera)