Los académicos del Centro de Investigación en Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo, Cristián Larroulet y Héctor Gárate, defendieron la norma de invariabilidad tributaria aprobada por el Senado, argumentando que constituye un mecanismo orientado a otorgar certeza jurídica a las inversiones de largo plazo y que cuenta con antecedentes tanto en la legislación chilena como en experiencias internacionales.
Los especialistas sostienen que el mecanismo ha sido cuestionado por algunos sectores de la oposición, que han anunciado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional al considerar que limita la capacidad futura del Estado para modificar el régimen tributario. Sin embargo, plantean que la iniciativa establece condiciones específicas para acceder al beneficio y no constituye una garantía generalizada.
Según explican, la norma contempla períodos de invariabilidad de diez años para inversiones desde US$50 millones, de quince años para proyectos superiores a ese monto y de hasta US$350 millones, y de veinte años para inversiones que excedan esa cifra. Además, las empresas que opten por este régimen deberán pagar una sobretasa permanente de 1,5%.
Larroulet y Gárate señalan que instrumentos similares existen en otras economías y sostienen que la estabilidad regulatoria resulta especialmente relevante para proyectos de gran envergadura, como iniciativas mineras, energéticas o de infraestructura, debido a los elevados montos de inversión comprometidos y a sus extensos plazos de recuperación.
Los autores también destacan que la invariabilidad tributaria ha formado parte de distintas etapas de la legislación chilena, recordando que este tipo de mecanismos fue utilizado durante diversos gobiernos y posteriormente mediante el Decreto Ley 600, vigente hasta 2016. Añaden que dicho instrumento concentró una parte importante de la inversión extranjera que ingresó al país durante su aplicación.
Asimismo, afirman que países como Perú y Argentina mantienen mecanismos destinados a entregar mayor estabilidad a los inversionistas y sostienen que, en un escenario de desaceleración económica y mayor competencia internacional por la atracción de capitales, la certeza regulatoria constituye un factor relevante para impulsar el crecimiento y la generación de empleo.
Finalmente, los académicos argumentan que el ordenamiento institucional permite que el Estado adopte compromisos de largo plazo mediante leyes, contratos, concesiones y tratados, por lo que consideran que la invariabilidad tributaria se enmarca dentro de instrumentos que trascienden los períodos de gobierno y buscan entregar mayor previsibilidad a las inversiones.