El último Informe de Evaluación de Sostenibilidad Fiscal de Mediano Plazo del Consejo Fiscal Autónomo proyecta que, para estabilizar las finanzas públicas, el Estado chileno deberá reducir el gasto en casi US$6.000 millones acumulados hasta 2029. En términos simples: se trata de ajustar en torno a US$1.500 millones por año, sin que existan señales claras de cómo se concretará ese esfuerzo.
Durante 2024, los ingresos fiscales fueron de aproximadamente US$69.000 millones, mientras que los egresos alcanzaron los US$77.000 millones, generando un déficit efectivo cercano a US$8.000 millones. El crecimiento del gasto público entre 2022 y el presupuesto de 2025 ha sido de 35%, mientras que la población —según datos del Registro Civil— creció apenas un 2% en el mismo periodo. Este diferencial sugiere que el Estado se ha expandido muy por encima del crecimiento demográfico, y probablemente también de su capacidad estructural de financiamiento.
Esa expansión no ha sido caprichosa: responde a un conjunto de políticas que intentan corregir déficits sociales persistentes. Entre ellas destacan:
- La implementación de Copago Cero.
- El fortalecimiento de la red de atención primaria y hospitalaria.
- El aumento de la Pensión Garantizada Universal.
- La instalación del Sistema Nacional de Cuidados.
- La profundización de los programas de Jornada Escolar Completa.
- El desarrollo de la Agenda Sala Cuna para Chile.
- La creación del Fondo de Infraestructura Educacional.
- La aprobación de la Ley de Reparación de la Deuda Histórica del Profesorado.
- El Plan Chile Apoya.
- El incremento del gasto en seguridad pública para enfrentar el crimen organizado.
- La inversión en el plan ferroviario Trenes para Chile.
- La construcción de más de 150.000 viviendas.
- Y, en el plano productivo, el incremento casi del 100% del presupuesto de CORFO, contrastando con un aumento de menos del 2% en los fondos públicos destinados a ciencia y tecnología.
Este listado —aunque incompleto— revela con claridad la agenda social del actual gobierno y su compromiso con las demandas ciudadanas. Pero aparentemente el gobierno no ha prestado la misma atención a las limitantes de la actual economía chilena: la productividad lleva más de una década estancada, el crecimiento ha sido modesto, y en 15 de los últimos 17 años el gasto estructural ha superado los ingresos estructurales. A esto se suma que en los últimos cuatro años la salida neta de capitales ha superado los US$8.000 millones.
El gobierno del presidente Boric ha sido, en muchos sentidos, coherente con el mandato que lo llevó al gobierno. Sin embargo, la sostenibilidad de una agenda social robusta exige resolver los problemas estructurales que arrastramos: baja inversión, debilidad institucional para generar consensos fiscales, y un sistema productivo con limitada capacidad de innovación.
El próximo gobierno heredará no sólo las cifras fiscales, sino también el desafío político de construir un nuevo pacto: uno que permita crecer para redistribuir, y no redistribuir lo que no se genera. Como advierte Acemoglu en uno de sus textos más incisivos: “El fracaso en resolver los problemas del presente no sólo perpetúa la desigualdad, sino que hipoteca la libertad de las generaciones futuras para tomar sus propias decisiones” -Why Nations Fail, 2012-. (Ex Ante)
Nicolás Garrido
